A una docente mendocina no la dejaron trabajar por su sobrepeso y ahora la Justicia de esa provincia le exigió a la Dirección General de Escuelas (DGE) que le otorgue una indemnización millonaria por los daños que le produjeron. Le habían negado el apto físico para dar clase.
El fallo condenatorio, por daños y perjuicios, fue firmado por la jueza Fabiana Martinelli del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, quien entendió que la docente estaba apta para realizar sus tareas. La maestra comenzó a trabajar para la DGE en el año 2002, pero de esa fecha a la actualidad, tuvo muchas trabas para desempeñar su cargo.
Todo comenzó en el año 2002, cuando la mujer se tuvo que realizar el estudio psicofísico para poder trabajar, y en el resultado fue positivo. Pero luego de dos años en su área, se tuvo que hacer otro examen para revalidar el anterior, y en esta oportunidad se lo aprobaron, pero con "patologías previas", en relación a su sobrepeso.
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Tras ese pronóstico, la docente tuvo que realizarse otro estudio más y este le dio "no apta", alegando como motivos la obesidad y un aparente problema en las cuerdas vocales. Para poder desarrollar su profesión, se tuvo que someter a un nutricionista, que la ayudó a bajar más de 10 kilos y poder lograr que le aprobaran nuevamente el certificado en el año 2013.
Hasta ese momento, la situación parecía haberse resuelto para la maestra, pero en el 2016, las complicaciones administrativas volvieron a surgir, y la tildaron otra vez de "no apta", tanto para las tareas administrativas como para la tarea docente.
La jueza indicó en el fallo que "el índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o por lo menos".
Y por último añadió: "Desde el año 2002 para poder trabajar como administrativa y docente en la DGE le ha ocasionado un daño injustamente sufrido que el Estado debe reparar". Tras esas palabras, la jueza le informó que le corresponde una indemnización de 1.350.000 pesos.
