Los integrantes del Juzgado de Faltas nº13 de la ciudad de Córdoba, que funciona en el CPC Empalme, fueron apartados de sus cargos y están siendo investigados por la Justicia. Se sospecha que cobraron todo tipo de multas a mitad de precio, adulterando el sistema informático del Tribunal de Faltas.
El administrador general del Tribunal, Ramón Ortega, confirmó que fueron apartados el juez de faltas, su secretario y dos empleados. Lo que se sospecha es que les ofrecían a los infractores pagar menos por fuera del sistema. Como la administración detectó un desbalance, los denunció en la Justicia. Ahora la causa está en manos de la fiscal de Instrucción Claudia Palacios.
"Detectamos una manipulación indebida del sistema informático del Tribunal de Faltas en donde se había modificado adrede el identificador para que las multas salgan de visibilidad del sistema", explicó Ortega en una rueda de prensa.
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Cómo era la maniobra
Las adulteraciones más comunes consistían en alterar los identificadores de las multas con un punto, una coma o un espacio en el número de la patente de un vehículo, un domicilio, un DNI o un CUIL. De esta manera, el sistema no puede identificar el acta.
Pero el mismo sistema fue el que hizo que saltaran las alarmas ya que cada modificación queda registrada y se sabe quién la hizo. “Cada paso queda grabado. Hay trazabilidad hasta el final del expediente. Con la investigación detectamos que había modificaciones que no eran errores involuntarios, sino que existía una conducta irregular de los agentes y dictaminamos que los hechos pudieran configurar delitos e irregularidades administrativas”, explicó Ortega.
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En los casos que llamaron la atención se encontraron las huellas del secretario y de los dos empleados. Como no se identificaron casos en donde haya quedado registrado el juez, se lo apartó para que la Justicia establezca si podía desconocer lo que hacían sus empleados sin su aval. Se trata de Ricardo Scolari.
También testimonios de vecinos levantaron más sospechas, porque al ser citados para dar explicaciones, afirmaban que ya habían pagado la multa a un empleado del juzgado en un bar del CPC.
