Nadia Abigaíl Rivero Balmaceda tenía 23 años cuando tomó la determinación de quitarse la vida en la madrugada del 10 de abril de 2021 en la casa que compartía con su pareja, Mario Andreu (46), en la localidad de Villa Dolores.
La fiscal Eugenia Ferreyra, que imputó al productor rural por violencia de género, había dispuesto el archivo parcial de la causa, en lo referido al hecho de muerte de Rivero Balmaceda. Sin embargo, la Fiscalía de Cámara de la Sexta Circunscripción Judicial resolvió dejar sin efecto el archivo de las actuaciones.
Por ello, ordenó que continúe la investigación a cargo de la fiscal Ferreyra con el objetivo de establecer si en el suicidio de Nadia incidió el contexto de violencia de género en el que estaba inmersa
El criterio coincidió con lo expresado por el juez de Control de Villa Dolores, Sergio Ariel Ponce, quien sostuvo: “No puede escindirse la culminación de la vida de la víctima de toda la situación que estaba atravesando con su pareja”. Además, insistió en que “hubo un pedido de ayuda palmario, previo a la muerte; terminó con su vida en la casa de su victimario, mientras él se hallaba presente en algún otro sitio de la casa”.
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Si bien Ponce aclaró que la mecánica de la muerte fue asfixia por ahorcamiento ejecutada por la misma víctima, entendió que esa acción estaba inmersa en un contexto que debía ser valorado por la fiscal de instrucción de Villa Dolores de manera “insoslayable”.
Por eso, el magistrado remarcó que de ningún punto de vista puede la fiscal “recortar o escindir” el hecho de la muerte del contexto y analizarlo de manera aislada del resto de las acciones de violencia de género atribuidas imputado, que era su pareja en ese momento.
De acuerdo a lo planteado por Mara Beltrame, abogada de la familia de Nadia, cuando se opuso al decreto de archivo, Andreu ejercía sobre la joven de 23 años violencia física, psíquica y sexual en ocasiones.
Y sostuvo que eso fue el “elemento determinante” que la dejó “sin herramientas para enfrentar su estado de vulnerabilidad provocado por el mismo Andreu mediante la humillación y sometimiento constante”.
La abogada también sostuvo que las pericias al celular de la víctima permitieron dar cuenta de los “encierros múltiples vividos a lo largo del año 2020 y 2021, hasta días previos a su muerte”.
“Andreu tomaba la decisión de cuándo y dónde encerrarla, tenía conocimiento de que su decisión era ilegítima pues la decisión de encerrarla para concretar las fiestas que éste organizaba con otras mujeres, para luego liberarla al día siguiente, o en una oportunidad al mes del encierro”, detalló.
Beltrame argumentó que la violencia que Andreu se aprovechaba del “estado de vulnerabilidad, de pobreza y la diferencia de edad” de Nadia que le “permitía disponer” de la joven para “satisfacer sus voluntades”.
“Nadia no tenía la libertad de moverse voluntariamente dentro de la casa pues Andreu decidía. No tuvo forma de salir de esa privación de la libertad, ni siquiera de decidir escapar”, apuntó.
