Los cabos Lucas Gómez y Javier Alarcón fueron condenados a prisión perpetua por matar Valentino Blas Correas (17). Dos años y siete meses pasaron para llegar a la respuesta de la Justicia para un caso de gatillo fácil que trascendió los límites de Córdoba.
Por las maniobras de encubrimiento posteriores al homicidio, la Cámara Octava del Crimen, con jurados populares, también condenó a la agente Wanda Esquivel a 3 años y 10 meses de cárcel; oficial Yamila Martínez a 4 años y 3 meses; cabo Leandro Quevedo a 4 años; oficial Ezequiel Vélez a 2 años y 6 meses; subcomisario Sergio González a 4 años y 10 meses; comisario inspector Walter Soria a 4 años y 9 meses; subcomisario Enzo Quiroga a 4 años y 8 meses; comisario inspector Jorge Galleguillo a 4 años y 8 meses; y comisario inspector Juan Gatica a 4 años.
Al mismo tiempo, la Justicia resolvió absolver al cabo Leonardo Martínez y al agente Rodrigo Toloza, quienes también se encontraban imputados por encubrimiento y por falso testimonio.
La lectura del veredicto se realizó después de una larga jornada que comenzó con la última palabra de los imputados y continuó con una prolongada deliberación del tribunal.
Blas tenía 17 años cuando fue asesinado por uniformados el 6 de agosto de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19. El adolescente iba en un Fiat Argo con cuatro amigos que salvaron sus vidas de milagro en la balacera, tal como afirmaron en el juicio los fiscales y los familiares de las víctimas.
Los padres del joven acribillado, Soledad Laciar y Blas Fernando Correas, subrayaron que el veredicto de este viernes es apenas el inicio de "una lucha para que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más".
Soledad habló de un "sistema perverso" detrás del caso de su hijo. Al ataque a tiros en avenida Vélez Sarsfield al 2300, frente al Complejo Pablo Pizzurno, le siguió una maniobra de encubrimiento que incluyó desde un arma plantada hasta falsos testimonios de los policías. El fiscal Marcelo Hidalgo definió esos actos como parte de una "maquinaria tropera".
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Durante sus alegatos, Hidalgo había pedido hasta seis años de prisión para los encubridores. En tanto, el fiscal Fernando López Villagra apuntó a los homicidas Lucas Gómez y Javier Alarcón, solicitando para ellos penas a prisión perpetua.
Los videos, las pericias y los testimonios fueron contundentes. Ya en el inicio de la investigación, Wanda Esquivel confesó que plantó el arma por indicación de sus compañeros, entre ellos Alarcón, su dupla en el móvil policial. Esa declaración resultó clave para desentrañar el plan delictivo.
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Cuestionamientos políticos
En el transcurso del juicio las acusaciones también recayeron sobre el exministro de Seguridad y actual legislador oficialista, Alfonso Mosquera, su exsecretario Lucas Mezzano y el excomisario Gonzalo Cumplido.
Tampoco quedó exenta de sospechas la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, por la responsabilidad que tenía en la formación y capacitación de los policías al producirse el crimen de Blas.
El Tribunal solicitó investigar tanto a Mosquera, Mezzano, Cumplido y Zárate Belletti, como a Víctor Di Stefano, que estaba a cargo de la Zona Norte de Seguridad Capital, y al Tribunal de Conducta Policial.
Cabe recordar que Alarcón tenía desaprobado el examen de tiro para ascender de jerarquía. En este proceso además lo juzgaron por golpear a un remisero en un operativo en Río Segundo. Gómez, por su parte, registra antecedentes por encubrir a un violador serial en La Calera.
Al margen de las responsabilidades políticas, tanto la fiscalía como la querella también cuestionaron a los efectivos que frenaron el auto con Blas agonizando y no hicieron nada para salvarle la vida. La escena filmada en la esquina de Chacabuco y Corrientes fue recriminada hasta por Zárate Belleti cuando declaró como testigo.
En paralelo, se espera el juicio a los empleados del Sanatorio Aconcagua que no atendieron a Blas cuando sus amigos intentaron ingresarlo al lugar.
Un largo camino judicial
El juicio comenzó el 7 de septiembre de 2022 y las audiencias se extendieron hasta el comienzo de este año. En el medio pasó el receso judicial de enero y la Copa del Mundo que ganó Argentina en Qatar, un detalle no menor por el temor que tuvo la familia de Blas de que el evento deportivo fuera aprovechado para tapar la causa.
Otra preocupación fue por la continuidad de los jurados populares. Varios fueron renunciando por razones laborales y de salud y generó dudas por las garantías del proceso. En febrero las partes acordaron iniciar los alegatos y acelerar los pasos hacia el veredicto.
Además de las responsabilidades penales, el tribunal presidido por Marcelo Jaime y acompañado por los vocales Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno resolvió ante las acciones civiles presentadas por los padres, abuelos y hermanos de Blas. También por las demandas de Juan Cruz Camerano Echavarría, Camila Toci y Cristóbal Bocco Cámara, quienes estaban en el auto tiroteado.
Organismos en defensa de los Derechos Humanos, entre ellos Amnistía Internacional, acompañaron a la familia del joven fallecido y condenaron la violencia institucional en Córdoba.
Previo a la sentencia, hinchas de Belgrano también se acercaron a brindarle su apoyo a Soledad Laciar y su papá, Miguel Ángel Laciar, exjugador del club de barrio Alberdi por el cual simpatizaba Blas.
El origen del ataque
Los policías Gómez y Alarcón dispararon al auto en el que circulaban Blas, Juan Cruz, Camila, Cristóbal y Mateo Natali cuando pasaron frente a un retén y no frenaron. Los mismos jóvenes declararon que sintieron miedo al ver que les apuntaban con las armas.
El ataque tuvo origen varias cuadras atrás, cuando Leandro Quevedo y Ezequiel Vélez avisaron por frecuencia radial la presencia de "seis sierras (sospechosos)" en un Fiat Argo. Dijeron que un motociclista les advirtió por un presunto intento de robo. Los mismos motociclistas negaron esa versión durante el juicio.
Luego de la balacera que mató a Blas inició la trama encubridora que comprendió comunicaciones entre los uniformados para buscar un revólver trucho, plantarlo en la escena del crimen y simular un rastrillaje para secuestrarlo. Por otra parte, se reprochó incluso a jefes policiales que se reunieron en Plaza de las Américas y omitieron denunciar lo sucedido y seguir el protocolo que correspondía.
