Valentino Blas Correas (17) fue asesinado de un balazo en la espalda el 6 de agosto de 2020. Agentes de la Policía de Córdoba abrieron fuego contra el Fiat Argo en el que se trasladaba junto a otros cuatro amigos. Este miércoles, la familia del adolescente verá en el banquillo a los acusados por el crimen y el encubrimiento.
A dos años del asesinato, inicia el juicio oral y público en la Cámara Octava del Crimen. Son 13 los agentes imputados. La causa tiene bajo la lupa el accionar policial: por un lado, el crimen a balazos, y por otro lado, el intento por desviar la investigación, que incluyó un arma plantada.
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Los cabos primero Javier Catriel Alarcón (32) y Lucas Damián Gómez (36) son los principales acusados. Ambos serán juzgados por homicidio calificado agravado. También por tentativa de homicidio al disparar contra los otros adolescentes que se encontraban en el auto. De ser declarados culpables, serán condenados a prisión perpetua.
Los restantes 11 efectivos policiales responderán por los delitos de encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público. Las penas para estos casos van de 1 a 6 años de cárcel.
Los principales acusados como coautores del crimen
- Lucas Damián Gómez (cabo): está detenido en Bouwer e imputado por homicidio calificado agravado y homicidio calificado agravado en grado de tentativa.
Es el policía acusado de matar de un balazo en la espalda a Valentino Blas Correas en la madrugada del 6 de agosto del 2020.
Cuatro años antes del crimen, había sido sancionado por el Tribunal de Conducta Policial por encubrir a Leandro Castañares, el violador serial que perpetró al menos seis ataques sexuales -cinco con acceso carnal- en 2016 en La Calera y ciudad de Córdoba.
Sin embargo, Ana Becerra, quien en ese momento era la titular del organismo, permitió que volviera de manera activa a prestar servicio en la Fuerza de Seguridad provincial.
El juicio contra Gómez inició a fines de diciembre del 2021. En febrero de este año fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional y 15 meses de inhabilitación por encubrimiento doblemente agravado. Castañares ya había sido condenado a 15 años de cárcel.
- Javier Catriel Alarcón (cabo): también está detenido. En el juicio deberá responder por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales.
También está imputado por homicidio calificado agravado en grado de tentativa por los disparos efectuados a los cuatro amigos de la víctima que iban en el auto.
A su vez, Alarcón tiene otro antecedente penal sin resolver que data de 2013 y por el que será juzgado en este juicio. Está acusado por privación ilegítima de la libertad calificada y autor del delito de lesiones leves calificadas.
Ese año se desempeñaba en la Policía Caminera. Un remisero que trasladaba a una pasajera lo denunció por actuar con violencia durante un control en la ruta nacional 9 a la altura de Pilar.
La causa no avanzó y el suboficial fue reubicado. Aquella madrugada del 6 de agosto de 2020 formaba parte de la patrulla policial del Distrito 3 de la ciudad de Córdoba.
Principales acusados por ocultamiento
- Sergio Alejandro González (subcomisario): detenido e imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el crimen). También será juzgado por omisión de deberes de funcionario público.
- Jorge Ariel Galleguillo (comisario inspector): detenido e imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el crimen). También será juzgado por omisión de deberes de funcionario público.
- Enzo Gustavo Quiroga (subcomisario): detenido e imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el crimen). También será juzgado por omisión de deberes de funcionario público.
- Walter Eduardo Soria (comisario inspector): detenido e imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el crimen). También será juzgado por omisión de deberes de funcionario público.
Imputadas con beneficio de prisión domiciliaria
- Yamila Florencia Martínez (oficial): imputada por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el crimen). También será juzgada por omisión de deberes de funcionario público.
- Wanda Micaela Esquivel (agente): imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el crimen). También será juzgada por omisión de deberes de funcionario público.
Imputados en libertad
- Rodrigo Emanuel Toloza (agente): encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente.
- Leonardo Alejandro Martínez (cabo): encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente.
- Leandro Alexis Quevedo (cabo): encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente.
- Ezequiel Agustín Vélez (oficial ayudante): encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente.
- Juan Antonio Gatica (comisario inspector): encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional.
Quién es el imputado 14
Juan Orlando Ramírez está imputado por el delito de coautor de privación ilegítima de la libertad calificada. Es por otro hecho ocurrido en 2013 cuando se desempeñaba en la Policía Caminera junto al Javier Catriel Alarcón.
Tanto Ramírez como Alarcón serán juzgados por lo ocurrido en Río Segundo durante el juicio por el crimen de Blas Correas.
Otro juicio
Además de los efectivos policiales, la Justicia confirmó que irán a juicio los empleados del sanatorio que no atendieron a Blas cuando era trasladado herido en grave estado.
Se trata de tres empleados administrativos de la Sanatorio Aconcagua, ubicado en Nueva Córdoba. Por un lado, Fernando Gabriel Casalino está imputado por abandono de persona, mientras que Guadalupe María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo por omisión de auxilio.
El fiscal José Alberto Mana determinó, en base a las pruebas, que: “Blas Correas no solo arribó con vida al Sanatorio Aconcagua, sino que se retiró del lugar con signos vitales, y en el nosocomio no se le brindó la ayuda necesaria que la ocasión ameritaba para intentar salvarle la vida”.