La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la acusación sobre el funcionario judicial de Alta Gracia, Emilio Drazile, por no mantener la escena del crimen del oficial involucrado en el narcoescándalo.
El abogado querellante, Carlos Nayi, dijo que la Justicia entendió que "existen actividades irregulares", en la causa por la muerte del oficial Juan Antonio Alós, ocurrida en septiembre de 2013.
El fiscal federal Nº1 Enrique Senestrari acusó a su colega por considerar que “habría omitido secuestrar, conservar y reunir todas las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento y comprobar, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, si existía un hecho delictuoso, en detrimento de la finalidad y el objeto de dicha investigación que debió respetar en el desempeño de sus funciones”.
En su oportunidad el juez federal Ricardo Bustos Fierro desestimó la imputación, pero Senestrari y Nayi apelaron nuevamente la medida.
En ese entonces, Drazile había concluido que la muerte de Alós fue un “suicidio”, pero la Justicia Federal lo investiga como “muerte dudosa”.