A un año y nueve meses del asesinato de Blas Correas, la causa tiene un nuevo giro. El fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, pidió el sobreseimiento de Ana Becerra, la funcionaria titular del Tribunal de Conducta Policial. Está imputada por “abuso de autoridad”.
El crimen del joven de 17 años sucedió el 6 de agosto de 2020. Circulaba en un Fiat Argo con sus amigos. Tras pasar un control policial, los agentes dispararon y mataron a Blas.
Los oficiales imputados habían hecho uso de sus armas cuando la ley indica lo contrario. “El protocolo de control vehicular, que está vigente desde 2017, habla de no usar el arma de fuego”, había aclarado a horas del hecho la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, que asumió tras el escándalo por gatillo fácil.
Los oficiales más complicados
Lucas Gómez y Javier Alarcón, cabos primeros de la Policía de Córdoba, están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tentativa de homicidio. Permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer.
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Ambos tenían causas sin resolver. Gómez estaba acusado por encubrimiento en el caso de un violador que perpetró al menos seis ataques sexuales. Alarcón, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves calificadas por un hecho en Río Segundo.
Por estas razones, el fiscal a cargo de la investigación por Blas, José Mana, llevó estos antecedentes al fuero Anticorrupción. De allí surge la imputación a Ana Becerra, en mayo de 2021, señalada como la responsable de que los policías porten armas teniendo causas sin resolver. Ahora será el juez de Control, Gustavo Hidalgo, quien resuelva el pedido de sobreseimiento sobre Ana Becerra.
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Tristeza
La madre de Blas, Soledad Laciar, lamentó la posibilidad de un sobreseimiento. “Estoy muy triste. Mi última esperanza era la Justicia y parece que ahí tampoco voy a encontrar respuestas”, dijo en Arriba Córdoba.
“No entiendo cuál es la función del Tribunal de Conducta, si no fue Ana Becerra quien puso al cabo Gómez en la calle, quiero saber quién fue”, reclamó. Para Laciar, hay una sola realidad: “El 6 de agosto me sacaron a mi hijo y resulta que nadie es responsable. En el juicio voy a ser yo la responsable”.
El pedido del fiscal Bornancini, para la familia es “un mazazo”. La mujer agregó, al borde del llanto, que su lucha es "por los hijos de los demás" porque ya perdió al suyo.
“A veces dan ganas de decir basta, alzar a mis hijos e irme con mi marido a la mierda de acá”, sentenció.
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