Marcelo Bazán, ex líder de la Fundación Dolto, está imputado de extorsión, amenazas y abuso de armas, junto a otros cuatro colaboradores. En medio de los numerosos delitos por los cuales se lo acusa, el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Córdoba ordenó cancelar su matrícula profesional de manera definitiva.
“Esto implica que un profesional que no tiene matrícula está inhabilitado en el ejercicio”, explicó el presidente del organismo, Diego Zapata, en diálogo con Arriba Córdoba. La matrícula ya había sido suspendida en julio del 2019, luego de que la Justicia comenzara a investigarlo.
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“En este caso, habiendo tenido matrícula, habiendo cometido faltas éticas graves que vulneran los principios del derecho de las personas, nuestra comunidad de psicólogas y psicólogos de la provincia de Córdoba dispuso dejarlo inhabilitado definitivamente porque atenta contra la salud mental de las personas”, argumentó Zapata.
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La presunta secta de Bazán
Al menos cinco ex pacientes denunciaron a Marcelo Bazán de liderar una red que cooptaba a personas que acudían a sus centros hacer terapia para apropiarse de sus bienes o explotarlas con tareas no remuneradas.
Además, describieron que hubo prácticas sexuales colectivas entre profesionales y pacientes, prescritas como parte del tratamiento.
La investigación comenzó en 2018. Bazán estuvo preso 11 meses en la cárcel de Bouwer. Recuperó la libertad en julio del 2019. Para ello, debió pagar una fianza real por 500 mil pesos y una fianza personal con la firma de 10 abogados, también por la suma de 500 mil pesos.
Nueva denuncia, otra vez preso
Luego de un año y medio en libertad, el psicólogo volvió a estar tras las rejas. Su pareja lo denunció por violencia de género. El ataque habría ocurrido en la vivienda de la víctima en Carlos Paz.
Por esto, la fiscal Jorgelina Gómez lo imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y desobediencia a la autoridad. Ya tenía una denuncia anterior por violencia de género.
Trata de personas
Marcelo Bazán también había sido denunciado por explotación sexual. La acusación no avanzó en la Justicia Federal, por lo que la causa sigue en la Justicia de Córdoba.
Si bien no pudieron comprobar dicho delito, aseguraron que existieron pruebas contundentes que indicaban que hubo un proceso de captación. Otra causa que seguía abierta era por abuso sexual.
