El médico trucho del ex Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Ignacio Martín, quedó al borde del juicio oral. El fiscal de primer turno de Río Cuarto, Pablo Jávega, solicitó que sea juzgado por múltiples delitos.
Las imputaciones contra Martín son por homicidio, lesiones graves, usurpación de título y ejercicio ilegal de la Medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.
El abogado defensor, Agustín Cattáneo, confirmó la oposición a la acusación por homicidio y pidió la imputación del subsecretario de Salud de Río Cuarto, Isaac Pérez Villarreal.
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La actuación de Martín quedó descubierta en febrero de 2021, aunque las autoridades sanitarias afirmaron que tenían conocimiento desde diciembre de 2020. En plena ola de contagios por Covid-19 tuvo un alto perfil en la ciudad del sur provincial, adonde había llegado como uno de los referentes del COE del Ministerio de Salud cordobés.
El 4 de febrero del año pasado lo detuvieron en la casa de su madre en la ciudad de Córdoba. Desde entonces permanece alojado en la cárcel de Río Cuarto, con prisión preventiva.
Sobreseimiento parcial
A comienzos de este año, el Juzgado de Control de Río Cuarto ordenó el sobreseimiento parcial del médico trucho. Hizo lugar al pedido del fiscal Jávega de despenalizarlo por los delitos de uso de documento público falso agravado reiterado y uso de documento privado falso. Esto no alivió su situación y continúa afrontando acusaciones por graves delitos.
La Municipalidad de Río Cuarto, como querellante, apeló ante la Cámara Segunda del Crimen pero allí avalaron la resolución del juzgado. En consecuencia, el municipio decidió interponer un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). De esa presentación aún se aguarda una definición respecto al delito de uso documento público falso, explicaron fuentes judiciales.
Consultado por ElDoce.tv el fiscal Jávega consideró que no había impedimento para solicitar la elevación a juicio por el resto de los delitos, teniendo en cuenta que además son considerados más graves que el que continúa en estudio en el máximo tribunal de Justicia.
