Dos legisladoras provinciales ingresaron en la habitación de J.S, el hombre al que le retiraron el soporte vital la semana pasada después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autorizara el protocolo de muerte digna. Se trata de dos referentes del partido Encuentro Vecinal Córdoba, María Rosa Marcone y Amelia Moscoso.
En diálogo con El Doce, justificaron su postura y se opusieron a la decisión tomada por la Justicia. “Está en agonía”, aseguró Marcone, y agregó: “Lo que vimos reafirma nuestra convicción de que el TSJ se ha excedido al ordenar la desconexión”.
Moscoso respaldó eso mismo al tildar de “inhumana” la situación en la que se encuentra el internado. Ambas insistieron en que el procedimiento que se está llevando a cabo es “una muerte por hambre y sed”.
+ VIDEO: La postura de las legisladoras
La indignación de la familia
En Arriba Córdoba la abogada de de la familia de J.S, Diva Ibarguengoytia, adelantó que iniciarán acciones legales en contra de las legisladoras. Según lo que le dijeron desde el Hospital de Urgencias, las mujeres habrían usado sus credenciales para engañar al personal y llegar hasta la habitación.
“Dijeron que iban a supervisar que se estuviese realizando de forma correcta el protocolo de muerte digna”, comentó. Y remarcó: “Empezaron a increpar a la familia, diciendo que estaban en contra del fallo del TSJ y planteando una locura, que estaban dejando morir a su papá de hambre y sed”.
+ MIRÁ MÁS: El relato clave de un testigo del ataque en patota a un adolescente que quedó en coma
Mariana, la hija del paciente, se encontraba en el centro de salud cuando todo ocurrió. Sufrió una crisis nerviosa a raíz de la discusión y tuvo que ser atendida.
Ibarguengoytia subrayó que J.S ya no tiene corteza cerebral, por lo que su cuerpo es incapaz de sentir la falta de agua a comida. “Está clínicamente controlado como establece el protocolo y la ley”, insistió.
Por otro lado, la letrada aclaró que a esta altura el proceso judicial que permitió la muerte digna del paciente está completamente concluído, ya que los abogados de la Municipalidad renunciaron a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia.