Por primera vez, la Justicia condenó a un gobierno provincial por un caso de femicidio que se podría haber evitado. Así lo interpretó la Sala Tercera del Tribunal de Impugnación de Salta, que ordenó a la Provincia a pagar una indemnización de 2.600.000 pesos a la familia de la víctima.
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El hecho ocurrió el 20 de noviembre de 2014. Ese día, el ex policía José Adrián Chilo, después de anticiparle por teléfono a una de sus hijas lo que iba a hacer, asesinó a Claudia Alejandra Sierralta Carrizo, su ex mujer, de dos disparos con su pistola reglamentaria.
El dato más relevante que consta en la causa, es que el hombre también había advertido a los médicos de la Policía salteña sobre lo que podía ocurrir. Chilo manifestó que tenía problemas con su adicción a las drogas, que estaba alterado mentalmente y pidió que le quitaran su pistola.
“La Provincia de Salta, a través de las autoridades policiales tuvo pleno conocimiento de la situación de violencia familiar existente entre el hoy condenado y la víctima Sierralta. Tuvieron también conocimiento del estado de inestabilidad emocional de Chilo. Tenían la certeza de que Chilo tenía bajo su custodia, a su alcance y plena disponibilidad un arma”, afirmaron los jueces.
Para el tribunal, éste fue un caso de violencia extrema “claramente previsible para el Estado”. Por su parte, el ex policía seguirá preso y la Justicia ratificó la condena a cadena perpetua.
