La Justicia ordenó a la Provincia indemnizar al padre de Alejandro Flores, el nene que murió atropellado por policías en Río Cuarto en 1991. Así lo decidió en las últimas horas la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de 2° Nominación.
El fallo detalla que el Estado provincial y los expolicías Mario Luis Gaumet y Gustavo Javier Funes tendrán que pagarle una indemnización por daño moral y pérdida de chance al papá del niño que en ese momento tenía 5 años.
El monto indemnizatorio aproximado asciende en la actualidad a 39 millones de pesos. Asimismo, se fijó una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina más el 4% mensual. desde noviembre de 2022.
Entre otras cosas, el tribunal rechazó la excepción de prescripción planteada por la Provincia por entender que este plazo debe computarse recién desde la fecha en que fueron encontrados los restos de la víctima y no cuando se produjo el accidente automovilístico.
Al mismo tiempo se confirmó la responsabilidad civil de la Provincia en tanto que los agentes Gaumet y Funes pertenecían a la Policía de Córdoba al momento de cometer el hecho.
Un crimen oculto y años de impunidad
Alejandro Flores tenía 5 años cuando el 16 de marzo de 1991 desapareció en medio de una intensa tormenta en Río Cuarto. Medio centenar de vecinos lo buscó durante el día y la noche, sin ningún apoyo policial.
Los restos de Ale, como le decía su familia, aparecieron recién en 2008, 17 años después de aquella fatídica jornada. Fue un vecino que de casualidad encontró huesos en un baldío. El examen de ADN no dejó lugar a dudas. Eran los restos de Ale. Además, tenía lesiones en las costillas, quebraduras en una muñeca y en la clavícula derecha y hundimiento de tórax.
Después de una larga investigación que pasó por manos de diferentes fiscales y numerosos testimonios, el fiscal Javier Di Santo pudo determinar que Flores fue atropellado por dos policías que iban en un patrullero.
"Ambos imputados (Gaumet y Funes) habrían procedido a borrar todo rastro del hecho, a reparar los daños del automóvil y a enterrar el cuerpo para eludir toda investigación en su contra”, dictaminó la Justicia.
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Los dos uniformados fueron imputados y casi al mismo tiempo sobreseídos. No pasaron ni un minuto detenidos. Había pasado demasiado tiempo. Fueron sobreseídos por prescripción y los dos pidieron el pase a retiro de la Policía.
El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación, que en 2014 confirmó que la causa estaba prescripta. El máximo tribunal aseveró, además, que ello no implicaba “desentenderse de la obligación del Estado de asegurar el derecho de los padres de conocer la verdad de los hechos”.