En una sentencia que apuntó contra funcionarios y jefes policiales de la Provincia, la Cámara Octava del Crimen ordenó nuevas investigaciones por posibles delitos derivados del crimen de Valentino Blas Correas (17).
Para todos los casos, los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno solicitaron remitir los antecedentes de las personas a investigar a la fiscalía de instrucción que corresponda.
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Uno de los pedidos recayó contra el exministro de Seguridad y actual legislador oficialista, Alfonso Mosquera, y para su exsecretario Lucas Mezzano, por posible "abuso de autoridad y/o malversación de caudales públicos".
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La sospecha es que incurrieron en ese delito al entregar un automóvil Toyota Corolla al excomisario Gonzalo Cumplido "con posible abono de tickets de combustibles con fondos del erario público".
También ordenaron investigar a Cumplido, exsubdirector de Seguridad Capital Zona Sur, para determinar si tuvo conocimiento del arma plantada en la escena del crimen de Blas. Por esto, requirieron investigarlo por presunto encubrimiento u omisión de denuncia.
Los jueces además resolvieron que empiece una investigación contra la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, o personal que haya tenido a su cargo cuando era directora de Recursos Humanos, es decir cuando ocurrió el asesinato de Blas el 6 de agosto de 2020. Pretenden indagar su rol en la supervisión de la formación y capacitación del personal policial.
También será investigado el comisario Víctor Di Stéfano por impedir el ingreso de autoridades policiales al centro de vigilancia de la fuerza luego del fatídico ataque contra Blas y sus amigos.
El tribunal además instó que se investigue al Tribunal de Conducta Policial, a los efectivos que no contuvieron a las víctimas en la Jefatura de Policía en la madrugada del crimen y a los efectivos que no asistieron a la víctima cuando agonizaba dentro del Fiat Argo en la esquina de Chacabuco y Corrientes.
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Por otro lado indagarán la posible falsificación de documentación por el hallazgo del revólver trucho. En este sentido quedaron bajo sospechas Javier Alarcón, Jorge Galleguillo, Wanda Esquivel, Enzo Quiroga, Walter Soria, Sergio González y Juan Gatica, quienes fueron juzgados en el juicio que finalizó este viernes.
Política de seguridad en la mira
La sentencia contempló un exhorto al Gobierno de la Provincia para que el área de Arma y Equipamiento de la Policía retenga el armamento provisto para los efectivos, en caso de que reprueben exámenes de tiro como había sucedido con Alarcón en 2020. El llamado de atención es similar al dictado por el mismo tribunal en tres causas anteriores.
A su vez, la Cámara Octava instó a prohibir la utilización como medio comunicación de la denominada "línea baja" de la frecuencia radial de la Policía ante la comisión de delitos.
En otro punto, le advirtieron a la Provincia que arbitre las medidas para intentar erradicar "todas las formas de violencia que puedan conllevar la responsabilidad institucional del Estado provincial".
