Dos funcionarios del Poder Judicial quedaron envueltos en un escándalo que tuvo origen en Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba. La historia involucra a un fiscal y una prosecretaria. El episodio habría ocurrido en la playa de estacionamiento del edificio de barrio Observatorio, adentro de un vehículo a donde numerosos testigos supuestamente lo vieron manteniendo relaciones sexuales.
El suceso quedó reflejado en publicaciones periodísticas que motivaron actuaciones de oficio de la Secretaría de Sumarios Administrativos y del Tribunal de Ética de la Justicia.
Uno de los protagonistas implicados en la trama desmintió en diálogo con ElDoce.tv los comentarios que lo involucran. "No es así, son todas maldades que circulan en Tribunales", afirmó ante las consultas formuladas.
Consideró que el caso puede formar parte de operaciones internas que afectan al Poder Judicial, específicamente a la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF). Admitió que esta situación le ocasiona un gran daño personal y profesional.
Qué se investiga
El análisis de posibles sanciones sigue dos caminos. Una de las vías puede definir la responsabilidad disciplinaria. Esta cuestión será dilucidada en la oficina de Sumarios Administrativos que comenzó a tomar declaraciones y solicitó grabaciones de las cámaras de seguridad de Tribunales, informaron a ElDoce.tv.
Aclararon que la investigación está en una etapa preliminar. En caso de confirmar la existencia del hecho continuará con la recolección de pruebas y notificarán al imputado para que ejerza su defensa.
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"Se tramita la prueba de ambas partes, o sea de la instrucción y de la defensa, se hacen los alegatos y se envía a la Fiscalía General para que emita su dictamen que no es vinculante sino que consiste en una opinión por tratarse de un acto administrativo", ilustraron.
A esa instancia le sigue un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que resuelven la situación del agente, funcionario o el magistrado involucrado. Pueden aplicarse días de suspensión, multa, cesantía o exoneración si se tratara de personal designado sin tratamiento de la Legislatura.
Para funcionarios o magistrados nombrados a través del Poder Legislativo la instancia máxima es la del jury de enjuiciamiento que define entre la absolución o la destitución.
Un camino más benévolo
El segundo sendero posible para la causa atiende la supuesta responsabilidad ética de los protagonistas de la historia. El tribunal conformado para esa evaluación tiene una competencia acotada. Podrá recomendar o advertir sobre un acto que perjudique la imagen del Poder Judicial.
Armando Andruet, presidente del Tribunal de Ética, explicó a ElDoce.tv que dispusieron medidas para reunir la información necesaria. No obstante, están sujetos a los avances que surjan en Sumarios Administrativos, indicó.
+ FOTO: Armando Andruet, exvocal del TSJ, preside el Tribunal de Ética Judicial:
El exvocal del TSJ precisó que no importa cuál haya sido lo escenográfico del evento, sino que de haber ocurrido "hay una apreciación que afecta el decoro y las buenas prácticas". Expuso que eso es lo que desde el Tribual que conduce tienen que atender y observar.
"De haber sido fuera del ámbito judicial pero público y llevado a cabo por funcionarios judiciales lo mismo cabría la intervención de un tribunal de ética", aclaró el doctor Andruet.