A un mes de la intervención al Servicio Penitenciario de Córdoba la Provincia dio a conocer el listado de elementos secuestrados desde entonces. Uno de los datos más llamativos tiene que ver con la enorme cantidad de droga incautada: en 30 días dieron con más de 13 kilos en estupefacientes.
La mayoría de las dosis fueron de marihuana (10,9 kilos). También encontraron 2,4 kilos de cocaína, 65 componentes de psicofármacos, 17 recipientes de bebidas alcohólicas y $681.010 en efectivo.
Cientos de celulares
Por otro lado, las autoridades también retuvieron 275 celulares. A estos se sumaron diversos accesorios como cargadores (142 unidades), cables USB (143), tarjetas SIM (121), auriculares (22) y un pendrive.
Cabe recordar que hace dos semanas el fiscal Enrique Gavier, que investiga a varios exfuncionarios del servicio penitenciario por asociación ilícita, reveló en Arriba Córdoba que los teléfonos contrabandeados en los penales se venden de manera clandestina por hasta $1 millón.
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El funcionario se refirió a estos delitos después de que aparecieran drogas y otros elementos en un camión proveedor de carne que quiso ingresar a la cárcel de Bouwer. Aclaró que ese nuevo caso se encuentra en manos de la fiscalía Antinarcotráfico número tres pero que lo pusieron al tanto por poder guardar vínculo con la causa que él lleva adelante.
Gavier fue quien ordenó el mes pasado la detención de Juan María Bouvier, histórico jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba. En ese contexto, también fueron arrestados Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero, otras máximas autoridades.
Nuevos controles
Desde el Panal evaluaron de manera “muy positiva” los primeros resultados de la intervención. Al respecto, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, sostuvo que muchas de la medidas “se venían ejecutando y se han profundizado, otras fueron incorporadas en el marco de este proceso”.
La batería de primeras acciones incluyó el seguimiento de vehículos hasta el lugar de descarga, la confección de actas y su notificación. En los próximos meses, las autoridades prometieron instalar un tinglado en la playa de estacionamiento de la cárcel de Bouwer, donde se llevarán a cabo requisas más extensas.
Además, establecerán una sede de un grupo antimotines en Villa María que podrá desplazarse hacia San Francisco y Río Cuarto.