Estudios aseguran que el 90 por ciento de los fraudes con las tarjetas se dan “a distancia”, es decir, cuando la persona no está viendo la tarjeta con la que paga. Las estadísticas del Gobierno nacional indican que en 2023 registraron 7 mil denuncias en la Secretaría de Defensa del Consumidor por robos de datos a los titulares.
Ante este escenario, a partir de esta semana rige una medida que obliga a los comerciantes a acercar el posnet hasta donde está el cliente. La Resolución 87/2024 había sido publicada el 12 de marzo en el Boletín Oficial y otorgaba 180 días para adaptarse. Ese plazo finalizó y ahora no hay excusas para cumplir con la determinación.
+ MIRÁ MÁS: Aumento en las facturas de agua en Córdoba: las tarifas desde septiembre
Según Clarín, la lupa estará puesta en bares y restaurantes, donde más se da que el trabajador retire el plástico para hacer el cobro en el mostrador.
“Todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aun momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”, indica la normativa en el primer artículo.
Quienes no cumplan, tendrán distintas sanciones establecidas en el artículo 47 de la Ley N° 24.240, de Defensa del Consumidor. Se trata de una multa económica que, según el apartado, se aplica de la siguiente manera: “De cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)”. Es decir, las sanciones arrancarán en 450 mil pesos y podrían llegar a millones de pesos.
Otras penas son el decomiso de la mercadería, clausura del local, suspensión del servicio por 30 días, suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado e incluso la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios. Las denuncias pueden hacerse en Defensa del Consumidor nacional.
Cumplimiento
Desde el sector gastronómico comentaron al mismo medio que la medida se viene cumpliendo de manera correcta en la mayoría de los locales. Sin embargo, destacan que la traba que puede impedir el cobro en las mesas es la baja señal de wifi.
En este punto son importantes los 180 días de adaptación, ya que en ese plazo de tiempo cada comercio debía adaptar su local para cumplir con la determinación del Gobierno nacional.
