Estafas, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y corrupción son solo algunas de las imputaciones que alcanzan al jefe de la Caminera y a otros miembros de la Policía tras el estallido de un nuevo escándalo que salpica a la fuerza de seguridad.
Maximiliano Ochoa Roldán, el director de la Caminera, está sospechado de ser el cabecilla de esta organización delictiva que se valía de información confidencial del sistema policial para estafar, en complicidad con efectivos con títulos de abogado.
La causa salió a la luz este viernes. Por orden del fiscal Guillermo González fueron detenidos el mencionado Ochoa Roldán, su hermano abogado de la Caminera, tres comisarios, un suboficial y un civil.
Durante la conferencia de prensa en la Jefatura de Policía junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el fiscal González explicó brevemente que su investigación surgió a partir de una conexión con otra causa de características similares que llevó adelante su colega de Cosquín, Paula Kelm.
La causa que encabezó Kelm derivó en seis detenciones a principios de noviembre del año pasado. En aquella oportunidad, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que fueron arrestados por conformar una banda acusada de asociación ilícita, estafas con inmuebles y usurpaciones.
El megaoperativo de 2024 incluyó 11 allanamientos simultáneos en las localidades de Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda, Unquillo, Salsipuedes y la ciudad de Córdoba. Se secuestraron celulares, computadoras, documentación, dos armas de fuego, dinero, dos vehículos, y demás elementos relacionados a la causa.
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Si bien evitó detalles por el secreto de sumario, González explicó en la conferencia de prensa que el civil detenido por la causa Caminera es el nexo con la organización que desbarató en noviembre la fiscal Kelm.
A partir de un dato, los investigadores a cargo de González llegaron a esta persona. Luego descubrieron que tenía un vínculo con altos mandos de la Policía de Córdoba. Así dieron con que el jefe de la Caminera lideraba la organización delictiva.
El fiscal de la causa señaló que los damnificados son numerosos y que la red operaba “desde hace mucho tiempo”. No descartan nuevas detenciones e imputaciones ya que existen numerosas pruebas recabadas por los recientes allanamientos.