El debate por la baja de la imputabilidad sigue vigente y hay diferentes miradas en torno al tema. Los familiares de las víctimas que murieron en manos de menores de edad tienen una postura clara: que las leyes sean modificadas.
Sin embargo, la eterna disputa sigue sin tener una definición eficiente para quienes perdieron a sus seres queridos. Mariela Flores, la mamá de Joaquín Sperani, asesinado en julio de 2023 en Laboulaye por un amigo de la escuela, fue contundente: “El Estado nos sienta como víctimas y nos dicen ‘el victimario tiene derecho a...’ y cuando vamos nosotros a observar vemos que el Estado no está presente y los menores reinciden”.
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En la previa de su palabra habló Mariana Wallace, jueza de Niñez, y expresó en Arriba Córdoba sus dudas ante la baja de la imputabilidad. Dijo que hay programas que se aplican con “resultados auspiciosos” respecto a crímenes cometidos por menores y sostuvo: “Existe este proyecto de Justicia Restaurativa, hay muchísimos servicios que provee el Estado provincial ante estas situaciones”.
Desamparados
La mamá de Joaquín Sperani contó su experiencia como víctima y recordó que mientras su hijo de 13 años estaba desaparecido tuvieron que “golpear las puertas para que nos ayuden”. “El estado no está preparado, no tiene políticas preventivas ni antes ni durante ni después”, sentenció sobre la poca contención que recibieron y reciben aún en la actualidad.
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En ese sentido, contó solo una de las tantas malas experiencias que tuvo y explicó que de los seis miembros de su familia solo ella obtuvo una asistencia psicológica óptima. El papá y los hermanos de Joaquín no tuvieron la misma suerte.
“Pedimos la baja de imputabilidad para que el victimario no vuelva al entorno en el que gestaron a un criminal”, dijo Flores y siguió: “Si vamos a hablar realmente de derechos hay que sacarlos, ver por qué llegó a eso con un tratamiento real y darles posibilidades de que terminen los estudios, hacer una carrera de oficio y recién ahí hablemos de reinserción”.