La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio la causa por la muerte de César Darío Moreno, el interno que falleció en septiembre de 2023 en la cárcel de Bouwer. En total, 11 integrantes del Servicio Penitenciario Provincial —entre guardiacárceles y personal de salud— deberán responder ante un tribunal por distintos delitos.
Nueve de los acusados enfrentarán cargos por tortura seguida de muerte, una de las figuras penales más graves previstas en el Código Penal y que contempla la posibilidad de prisión perpetua. Además, el entonces jefe del módulo donde estaba alojado Moreno será juzgado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que un enfermero penitenciario quedó imputado por omitir denunciar lo ocurrido.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal José Mana, quien sostuvo que el hecho no se trató de un exceso aislado sino de un castigo deliberado ejercido bajo custodia estatal.
Moreno tenía 50 años, no registraba antecedentes penales y había sido detenido el 16 de septiembre de 2023 tras atravesar una crisis de salud mental en la vía pública. Diagnosticado con trastorno bipolar y sin medicación, fue trasladado primero a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y luego alojado en el módulo MD1 de Bouwer.
Dos días después de su ingreso, protagonizó un altercado con un guardia y fue reducido por varios agentes. Según la acusación fiscal, fue llevado a un sector sin cámaras de seguridad donde recibió una golpiza extrema. Posteriormente fue inmovilizado con sujeciones mecánicas en muñecas, tobillos, pecho y muslos durante más de 48 horas.
El expediente indica que durante ese período no recibió la atención médica adecuada, fue alimentado e hidratado de forma mínima y permaneció en condiciones degradantes. El informe forense constató 66 lesiones compatibles con golpes.
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Moreno falleció poco después de ser liberado de las ataduras. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar agudo, vinculado directamente a la prolongada inmovilización y a los traumatismos sufridos.
La mayoría de los imputados permanece detenida en Bouwer, mientras que la psiquiatra acusada cumple prisión domiciliaria. De confirmarse la calificación legal en el juicio oral, varios de los acusados podrían enfrentar condenas a prisión perpetua.
