Una investigación que comenzó por supuestos ofrecimientos laborales en redes sociales destapó una red criminal de extrema gravedad en el norte de Córdoba. El principal acusado es un preso que, desde una cárcel de Buenos Aires, lideraba maniobras de captación, extorsión y abusos contra adolescentes.
La causa, a cargo de la fiscal Analía Cepede, está caratulada como grooming y abuso sexual con acceso carnal, y ya cuenta con 13 denuncias de víctimas de entre 14 y 16 años en la ciudad de Deán Funes.
Según la investigación, el acusado utilizaba cuentas hackeadas de una conocida tienda de ropa para contactar a las adolescentes. Les ofrecía sumas cercanas a los 80 mil pesos a cambio de “modelar” prendas para supuestos catálogos.
Una vez que lograba generar confianza y obtener imágenes, avanzaba sobre las víctimas: accedía a sus contraseñas y comenzaba la etapa de extorsión. Bajo amenazas de muerte contra familiares y exigencias económicas —con “multas” que podían llegar a los 100 mil pesos—, obligaba a las jóvenes a enviar contenido íntimo. En algunos casos, la investigación apunta a situaciones aún más graves.
El principal imputado tiene 29 años y un extenso prontuario. En 2019 fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual en Lomas de Zamora.
Además, en enero de 2026 una causa similar fue elevada a juicio y, en febrero de este año, mientras esperaba sentencia, volvió a cometer un hecho de grooming contra una menor en Buenos Aires. A pesar de estar detenido, continuaba operando con total impunidad desde su celda, lo que ahora quedó en evidencia con esta nueva causa.
Allanamientos y detenciones
El 9 de abril se realizó un amplio operativo coordinado entre fuerzas de Córdoba y Buenos Aires. Se allanó el pabellón del acusado en el penal de Sierra Chica, donde se secuestraron dispositivos tecnológicos que lo vinculan directamente con las extorsiones.
También hubo procedimientos en distintas localidades bonaerenses, como Temperley, Rafael Calzada y La Plata. Allí se incautaron pruebas clave y quedaron bajo sospecha dos mujeres, que habrían actuado como colaboradoras fuera de la cárcel.
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La fiscal Cepede mantiene el secreto de sumario en parte de la causa para resguardar a las víctimas, muchas de las cuales accedieron a las exigencias bajo amenazas.
El caso generó fuerte preocupación por el nivel de organización de la red y por el hecho de que el principal acusado operaba desde prisión, en un sistema que debía impedir este tipo de delitos. La investigación continúa para determinar el alcance total de la organización y las responsabilidades de todos los involucrados.
