La muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que falleció tras haber sido detenido y alojado en la Comisaría Sexta de barrio General Paz, reavivó el debate por los casos de personas que mueren bajo custodia policial en Córdoba.
Orihuela murió este lunes, luego de haber sido arrestado durante un operativo en barrio Bajo Pueyrredón y trasladado a la dependencia ubicada en avenida 24 de Septiembre 1455. La versión policial sostiene que el joven se habría ahorcado con un buzo dentro de la celda, hipótesis que fue respaldada públicamente por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
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La familia rechaza esa explicación y habla de una persecución policial. Sus allegados aseguran que Tomás había sido detenido dos veces sin motivo válido: primero, el jueves 23 de abril, por un supuesto pedido de captura de Gualeguaychú vinculado a una causa por robo que, según ellos, ya no estaba vigente.
Tras presentar la documentación correspondiente, el joven fue liberado. Sin embargo, el sábado 25 volvió a ser detenido durante otro procedimiento. En Córdoba, Orihuela había sido condenado por asociación ilícita a una pena de tres años de ejecución condicional y contaba con actas de libertad, afirmaron desde su entorno.
Según reconstruyó su madre, lo detuvieron cerca de las 17 y lo llevaron a la Comisaría Sexta. A las 20 intentó acercarle un abrigo, pero le respondieron que estaba durmiendo. Recién alrededor de la medianoche, un móvil policial llegó a su casa para avisar que había tenido un “accidente”. Cuando la familia fue al Hospital Córdoba, Tomás estaba en coma. Desde allí lo derivaron al Hospital Eva Perón donde falleció.
La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Godoy y, por el momento, no hay imputados. En paralelo, el Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad secuestró los celulares de los efectivos que estaban de guardia cuando Orihuela apareció casi sin vida, una medida clave para reconstruir qué ocurrió dentro de la comisaría.
Antecedente en La Falda
El caso tiene similitudes con la muerte de Jonatan Romo, ocurrida el 10 de julio de 2022 en La Falda. Romo tenía 36 años y fue detenido en la calle tras un llamado por supuestos disturbios. Ante la llegada de los efectivos, se puso de rodillas y luego se tiró al suelo, hasta que fue reducido, esposado y trasladado a la comisaría.
Ya en la alcaidía, Romo se descompensó y murió. Su familia denunció que había sufrido una golpiza mientras estaba esposado. También aclararon que tenía problemas de adicciones, pero rechazaron que se lo señalara como ladrón. Meses antes, en diciembre de 2021, había sido detenido y terminó internado en Córdoba.
Por la muerte de Romo fueron imputados seis policías. Tres de ellos, Miguel Ángel Aguilera, Hernán Suárez Guevara y Walter Geri, están acusados de homicidio con exceso en el ejercicio del cargo. Otros dos efectivos, Pablo Zárate y Lucas Giménez, fueron imputados por encubrimiento calificado, mientras que a Juan Pablo Zunino le dictaron falta de mérito.
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La causa Romo quedó dividida en dos expedientes: el tramo por el presunto homicidio está en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, donde se analiza un juicio abreviado inicial, aunque la querella de la familia se opone y reclama un debate oral. El expediente por encubrimiento, en tanto, ya tiene fecha de juicio para el 6 de agosto de 2026 en la Cámara de Cruz del Eje.
En ambos casos se repiten puntos sensibles como detenciones cuestionadas, muertes ocurridas después del paso por una dependencia policial, versiones oficiales rechazadas por las familias y pedidos de investigación para determinar qué sucedió mientras las víctimas estaban bajo custodia del Estado.
