Maximiliano Baudraco, el hombre que asesinó a su expareja Rocío Gómez en Santa María de Punilla, tenía una condena que no era de cumplimiento efectivo. Por eso, la Justicia le había impuesto reglas de conducta por un año y medio.
Patricia Corvalán, directora del Patronato de Liberados de Córdoba, explicó en Telenoche qué medidas debía cumplir el femicida y cuál era el rol del organismo encargado de supervisar ese seguimiento.
Las reglas de conducta
“Una de nuestras funciones es el control de las medidas judiciales que imponen los juzgados en los tribunales correspondientes”, señaló Corvalán. En ese sentido, aclaró que el Patronato informa si la persona cumple o no, pero las decisiones posteriores dependen del Poder Judicial.
Consultada sobre si Baudraco había cumplido con las principales medidas, la funcionaria respondió: “No”. Luego precisó que en su primera presentación fue asesorado para realizar los tratamientos y las tareas comunitarias, pero no acreditó avances.
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“Él plantea que había estado en lista de espera, se había anotado en una lista de espera en un centro de salud de Bialet Massé, pero no trae una certificación”, indicó. También señaló que en una segunda entrevista debía presentar turnos otorgados y definir dónde haría las tareas comunitarias, pero tampoco lo hizo.
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Corvalán remarcó que cada presentación fue informada al juzgado interviniente. Sin embargo, aclaró: “Nosotros no tenemos injerencia” sobre las medidas que luego pueda tomar la Justicia.
“Las medidas que toma el juzgado, la autoridad judicial competente, nosotros las desconocemos”, sostuvo. Y agregó que el Poder Judicial puede intimar, convocar a audiencias o incluso revocar una condena en suspenso si no se cumplen las condiciones.
La directora del Patronato indicó que actualmente el organismo supervisa a unas 7 mil personas en toda la provincia, entre hombres, mujeres y personas con prisión domiciliaria. También explicó que existen centros de salud, dispositivos de la RAAC, instituciones religiosas, ONG y entidades de beneficencia para acompañar tratamientos o tareas comunitarias.
“Cuando no las cumplen, eso ya es competencia del Poder Judicial cuál es la medida que va a tomar”, insistió Corvalán sobre los casos en los que una persona no respeta las reglas impuestas por un tribunal.
