La causa por la tortura y muerte de César Darío Moreno en la cárcel de Bouwer tiene el camino allanado hacia el juicio. Por el caso permanecen detenidos nueve agentes penitenciarios, acusados de “tortura seguida de muerte”. Otros dos están imputados de incumplimiento de los deberes y esperan el proceso en libertad.
Según informó la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11, la investigación reunió filmaciones, pericias, documentación, testimonios e informes técnico-científicos. También se utilizaron como referencia protocolos internacionales para investigar hechos de tortura y muertes ilícitas en contextos de encierro.
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El expediente cuenta además con informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal, respaldan la imputación y la calificación legal sostenidas en la causa.
La investigación fue confirmada por la Cámara de Acusación y el juicio tendrá lugar en la Cámara Undécima del Crimen con la participación de jurado popular, señalaron fuentes del caso.
Qué investigó la fiscalía
Al momento de los hechos, Moreno atravesaba una crisis psiquiátrica, tenía diagnóstico de trastorno bipolar y había suspendido su medicación. Había sido detenido después de un episodio ocurrido en Nueva Córdoba y trasladado primero al Establecimiento Penitenciario N.º 9 y, posteriormente, el 16 de septiembre de 2023, al Complejo Carcelario N.º 1 de Bouwer.
Según la acusación, en ese penal se produjo un enfrentamiento con personal de seguridad. En represalia por la lesión sufrida por uno de los guardiacárceles, Moreno habría sido golpeado y sometido a tormentos durante su reducción.
Después fue trasladado al sector del Servicio Médico, donde, siempre de acuerdo a la investigación, las agresiones habrían continuado en un lugar sin cámaras de seguridad y con la anuencia de uno de los médicos detenidos.
La fiscalía sostiene que luego Moreno fue llevado a una sala médica y sometido a medidas de sujeción durante más de 48 horas. Permaneció atado de las muñecas, tobillos, muslos y pecho.
Durante ese tiempo, según la acusación, no habría recibido atención adecuada por las lesiones sufridas y se le habrían suministrado cantidades mínimas de agua y alimento, sin responder a su estado de salud.
Como consecuencia de las lesiones, la inmovilización prolongada y sus características personales, Moreno murió por un tromboembolismo pulmonar agudo cuando se disponían a trasladarlo al CPA después de ser desatado.
La familia ya había denunciado violencia institucional y cuestionado que no se aplicaran los protocolos correspondientes para asistir a una persona atravesando una crisis de salud mental.
