Las empresas de medicina prepaga ya no podrán aplicar aumentos en sus cuotas sin la intervención del Estado. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían liberado los precios de los planes de salud y restituyó las facultades de control de la Superintendencia de Servicios de Salud.
La decisión afecta a los artículos 267 y 269 del decreto impulsado por el Gobierno nacional, que habían eliminado disposiciones de la ley 26.682 relacionadas con la regulación de las cuotas. A partir del fallo, el organismo estatal deberá volver a revisar y autorizar los incrementos que pretendan aplicar las empresas.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Se trata de la primera vez que la Corte declara la inconstitucionalidad de una parte del DNU 70/2023.
El pronunciamiento también podría tener consecuencias sobre numerosos conflictos judiciales relacionados con los aumentos de las prepagas. El máximo tribunal tiene cerca de 500 causas similares pendientes de resolución, mientras que existen otros reclamos de afiliados en distintos juzgados del país.
Qué cambia para los afiliados a las prepagas
Con el nuevo escenario, las empresas deberán someter sus modificaciones tarifarias al control de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El organismo recupera la facultad de evaluar si los aumentos están justificados por cambios en los costos de funcionamiento y por cálculos razonables de los riesgos que asumen las prestadoras.
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Sin embargo, el fallo no significa que las cuotas deban aumentar únicamente al ritmo de la inflación. La Corte dejó sin efecto una parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que establecía un límite vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por lo tanto, no habrá un porcentaje máximo automático basado en la inflación. Cada incremento deberá ser analizado de acuerdo con los criterios previstos por la normativa que vuelve a estar vigente.
El aumento del 110% que dio origen al fallo
La decisión judicial surgió de una demanda presentada por una afiliada que cuestionó los fuertes aumentos aplicados a su cobertura médica. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, su cuota se incrementó un 110%, una suba que motivó el reclamo ante la Justicia.
Como referencia, si se hubiera mantenido la resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.
El expediente llegó a la Corte después de que tanto la empresa demandada como el Estado nacional presentaran recursos contra una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Finalmente, el máximo tribunal confirmó parcialmente esa resolución y determinó que la eliminación de los controles mediante el DNU no cumplía con los requisitos constitucionales.
Por qué la Corte declaró inconstitucional una parte del DNU
Uno de los puntos centrales del fallo fue la falta de una justificación suficiente para modificar el sistema de regulación de las prepagas mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Los jueces recordaron que la Constitución permite al Poder Ejecutivo dictar este tipo de normas únicamente en circunstancias excepcionales, cuando resulta imposible seguir el procedimiento legislativo habitual o existe una urgencia que no admite esperar la intervención del Congreso.
Para la Corte, el Gobierno no acreditó que existiera una situación de urgencia que justificara eliminar los controles sobre los precios de la medicina prepaga.
El decreto mencionaba una crisis en el sistema de salud y la necesidad de mejorar la competitividad mediante la liberación de restricciones tarifarias.
Sin embargo, los magistrados consideraron que esos argumentos no demostraban por qué la modificación debía realizarse de manera inmediata y sin pasar por el Congreso.
También señalaron que las decisiones basadas en criterios de conveniencia política o económica no alcanzan, por sí solas, para justificar el uso de facultades legislativas excepcionales.
En su análisis, el tribunal retomó los criterios establecidos en la causa Cencosud, resuelta el 13 de agosto, sobre los límites constitucionales de los decretos de necesidad y urgencia.
Qué puede pasar con los reclamos por aumentos anteriores
Además de modificar el esquema de autorización de las cuotas, la resolución podría influir en otras causas iniciadas por usuarios que cuestionaron los incrementos aplicados desde la desregulación.
La Corte tiene pendientes cerca de 500 expedientes con características similares, por lo que el criterio adoptado podría resultar relevante para su resolución.
También podría incidir en demandas presentadas ante tribunales de distintas provincias y en eventuales pedidos de devolución de importes abonados por los afiliados.
No obstante, el fallo no establece una devolución automática de dinero para todos los usuarios. Las consecuencias sobre cada reclamo dependerán de las decisiones judiciales correspondientes.
Por último, la Corte aclaró que su pronunciamiento se limita exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y que no implica una declaración de inconstitucionalidad sobre el resto del decreto.



