La crisis con Venezuela está dejando a la vista graves falencias del gobierno argentino. Por caso, una de las consecuencias de que el presidente sea un insultador serial de otros mandatarios. Ahora, con la embajada argentina sitiada y con un ciudadano argentino encarcelado, el régimen tiene que recurrir a Brasil y a Colombia para que hagan gestiones en su nombre ya que su gobierno rompió las relaciones diplomáticas con Caracas. Pero la poderosa cancillería brasileña no muestra mucho interés en colaborar con el gobierno de quién insultó a su presidente, Lula da Silva, llamándolo “comunista ladrón”.
Con todos los problemas existentes en la relación entre Colombia y el régimen chavista, al canciller colombiano Luis Murillo no le causa mucha gracia ni encuentra razones para poner mucha energía en las gestiones que ya comenzó a favor de Argentina en el caso embajada y en el caso Nahuel Gallo, a pesar de que Milei atacó al presidente colombiano a propósito de nada, llamándolo “terrorista asesino”.
Tampoco el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum siente compromiso con el gobierno argentino, cuyo presidente dijo del anterior jefe de Estado de México que “es un ignorante”.
El gobierno español, conducido por el partido de José Luis Rodríguez Zapatero, el europeo más íntimo de la dictadura venezolana, tampoco tiene ganas de ayudar en nada a Milei, desde que acusó a Pedro Sánchez de “totalitario” y lo describió como “un kirchnerista sin buenos modales”.
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En estos días, el gobierno argentino tuvo un cortocircuito con Chile porque el ministro Luis Caputo dijo que el presidente Gabriel Boric “es un comunista” que lleva ese país al desastre. Aunque en ese caso, no habrá consecuencias con Venezuela porque la dictadura de Maduro odia a Boric, es un ejemplo más de lo negativa que es la patología de atacar sin motivo a gobernantes extranjeros.
Ahora, Milei necesita de los gobiernos a los que agravió a propósito de nada y ninguno parece dispuesto a poner la energía que hace falta para ayudar a un insultador serial que los ofendió sin mediar razones válidas.
También quedaron a la vista otras falencias. A partir de la detención de un gendarme en Venezuela la fisura interna expuso el rencor profundo de la vicepresidenta por la troika (Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo) que la situó como enemiga y le dispensa un maltrato humillante, y también (de manera más directa) por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su delegado en el Ministerio de Defensa, el ministro Luis Petri, quienes se quedaron con un área que Victoria Villarruel había acordado que quedaría bajo su influencia desde las negociaciones para conformar la fórmula presidencial: el área militar.
Pero más allá de esas motivaciones personales de la vicepresidenta, lo que les reprochó es cierto. Resulta incomprensible que un ciudadano que integra uno de los brazos armados del Estado haya viajado por su propia cuenta a Venezuela, donde impera una dictadura que está en tensión máxima con Argentina desde la retención del Boeing 747-300 de la empresa venezolana Emtrasur que había sido comprado a Irán y fue retenido en Buenos Aires, hasta que se decidió entregarlo a Estados Unidos.
El gobierno deberá probar que ordenó a todos los miembros de las instituciones militares no viajar a Venezuela. Que un miembro de un cuerpo militar argentino intente ingresar a Venezuela, implica regalarle un rehén a un régimen facineroso que se vale de capturar y encarcelar ciudadanos extranjeros para chantajear a otros gobiernos cuando lo crea necesario.
Ese habría sido el único argumento lógico para justificar la sospecha que determinó la inmediata detención y encarcelamiento de Nahuel Gallo. Sin embargo, el régimen de Maduro no lo expuso en sus justificaciones. Primero, Diosdado Cabello dijo que se lo detuvo bajo sospecha de llegar para realizar tareas de espionaje, pero no señaló ningún elemento que justificase tal sospecha.
A renglón seguido, el canciller Yván Gil dijo que el argentino fue detenido bajo sospecha de ser un terrorista enviado por Milei para realizar actos terroristas. Y después se afirmó desde la cúpula de la dictadura que Gallo tenía un plan para sacar de la embajada argentina a los venezolanos refugiados allí. Pero sobre la razón de semejantes e infundadas la sospechas, el régimen sólo dijo que sus funcionarios entraron al instagram del gendarme y vieron que había viajado mucho por el mundo, entonces se preguntaban cómo hacía para viajar tanto (y por qué lo hacía) alguien que gana sólo 500 dólares mensuales.
Sería un caso excepcional que un espía o un terrorista o un agente del estado enemigo que llegue a un país enfrentado o el suyo con un plan X, lo haga usando su verdadero nombre y la documentación auténtica, en lugar de nombre falso y documentos falsificados. Los agentes cuando están en misión, lo primero que ocultan es su verdadera identidad y su función, mucho más si pertenece a una institución militar.
Es por eso que la verdadera razón de su encarcelamiento se la entrevé en lo revelado por el canciller colombiano tras tener contactos con el régimen para buscar una solución para el caso del gendarme y la situación de los refugiados en la embajada.
El régimen quiere hacer canjes a cambio de que sea liberada Milagro Sala, por quien había manifestado un gran aprecio el mismísimo Maduro a través de su anterior canciller, Jorge Arriaza, y también la liberación de otro allegado al régimen.
Se pretende además, según indagaciones del diario colombiano El Tiempo, que sea liberado en Ecuador Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa y de Lenin Moreno, a quien el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hizo capturar dentro de la embajada mexicana.
Que el objetivo sea ese tipo de canje es más creíble que las absurdas acusaciones hechas por Diosdado Cabello. Tomar rehenes para canjearlos es una vieja práctica de la dictadura venezolana.
Por eso, pasada esta crisis, el gobierno deberá explicar qué hizo el ministro de Defensa para evitar darle un rehén a Maduro. De paso, también debería explicar porque a los 200 mil dólares que llevaba el senador se los encontró la policía paraguaya, y no los controles de migración que se supone deberían hacer Gendarmería y cuerpos de seguridad en la frontera con Paraguay, por donde pasa tanto narcotráfico, contrabando y dinero que necesita ser lavado.
El gobierno paraguayo acaba de decir que del lado argentino no había desde hace tiempo control alguno. Teléfono para Petri y para la ministra Billrich.
