El plan incluía cometer tres magnicidios. La conspiración golpista tramaba envenenar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alkmin y al entonces presidentes del Supremo Tribunal Federal de Justicia Alexandre De Moraes.
No hubiese sido el primer ni segundo magnicidio cometido por la extrema derecha de Brasil. Los ex presidentes Juscelino Kubitschek y Joao Goulart fueron asesinados en 1976 por la dictadura que entonces encabezaba el general Ernesto Geisel.
En ambos casos, el régimen impidió autopsias. Pero en el caso de Goulart, muerto en Argentina, a pesar de que una autopsia realizada casi cuatro décadas más tarde, durante el gobierno de Dilma Rousseff, no encontró vestigios de veneno, no descartó envenenamiento y la teoría de un asesinato con sustancias letales se mantuvo en pie. De hecho, en Argentina Goulart ya había sufrido un atentado contra su vida perpetrado por la Triple A.
Si se hubiera concretado el plan golpista y magnicida por el que será juzgado Jair Bolsonaro, tanto Lula como Alkmin y De Moraes habrían muerto envenenados. Por cierto, el ex presidente dice que es una cacería de brujas y que no existen pruebas en su contra. Sin embargo, el Supremo Tribunal decidió utilizando la confesión en carácter de arrepentido que hizo un estrecho ex colaborador del líder ultraderechista, y también las afirmaciones de varios altos mandos militares que recibieron el plan golpista.
A pesar de la contundencia de las pruebas en su contra, el líder ultraderechista apuesta a que su situación se revierta y acabe siéndole políticamente favorable para regresar a la presidencia, como ocurrió con las denuncias contra Donald Trump por el intento golpista mediante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
Junto a sus ministros de Justicia, de Defensa y de Casa Civil, Bolsonaro está acusado de intento de Golpe de Estado, destrucción de patrimonio público y plan para asesinar al entonces presidente, el vicepresidente y el titular del Poder Judicial.
De ese modo, Brasil tendrá el mayor de los juicios por delitos políticos desde la recuperación de la democracia. El impeachmeant que destituyó a Fernando Alfonso Collor de Mello por los delitos de corrupción denunciados por el propio hermano del ex presidente, igual que el juicio que en el 2005 llevó a la cárcel al poderoso jefe de la Casa Civil del primer gobierno del PT, José Dirceu, por el escándalo de corrupción bautizado “Mensalao”, fueron por delitos menos graves que los que habría cometido Bolsonaro.
También el impeachment que sacó del poder a Dilma Rousseff en el 2016 por haber maquillado déficit para ganar la reelección, no se puede equiparar a este caso. Los delitos denunciados contra Jair Bolsonaro son incluso inmensamente más grave que los investigados con pruebas escasas y endebles en el proceso conocido como Lava Jato, por el cual el juez Sergio Moro encarceló a Lula en el 2018, siendo luego desestimados por la máxima instancia de la justicia.
Los ojos de la región y, en buena medida, del mundo, convergerán en el histórico proceso judicial que podría desembocar en una condena de más de cuarenta años de prisión a un ex presidente, además de tener un fuerte impacto, de consecuencias impredecibles, en el escenario político.
