Era muy joven cuando gatilló las ráfagas de su fusil Kalashnikov que acribillaron a Alberto Uribe Sierra en su extensa propiedad rural.
Nelly Ávila Moreno más tarde comandaría el Bloque 47 de la guerrilla FARC-EP. Pero aquel día de 1983 en el que, junto con dos camaradas, intentó secuestrar al rico hacendado que se resistió y murió en el tiroteo, era una combatiente más de 5to Frente de la guerrilla heredera del “proyecto revolucionario Marquetalia”.
Veinte años después, uno de sus hijos llegó a la presidencia y su gobierno se enfocó en destruir el grupo insurgente que había asesinado a su padre. Con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, el gobierno de Alvaro Uribe lanzó la mayor ofensiva contra las FARC desde su origen a mediados del siglo 20.
Entre el 2002 y el 2010, la mayor de las guerrillas colombianas fue arrinconada y recibió los golpes más devastadores, como los que mataron a sus principales comandantes. Entre ellos, Raúl Reyes y también el cofundador, máximo jefe político y militar, y símbolo de la insurgencia colombiana, Manuel Marulanda, alias Tirofijo.
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Entre los éxitos militares obtenidos por el presidente y su ministro de Defensa, que más tarde llegaría también a la presidencia y negociaría el desarme de las FARC, estuvo la operación que liberó a Ingrid Betancourt tras seis años aprisionada en el Gulgag selvático de Tirofijo.
Eso le dio una inmensa popularidad a Alvaro Uribe, pero no lo libró de las sombras de un viejo vínculo con la sanguinaria agrupación paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esa sombra oscura terminó convirtiéndose en un proceso judicial, en el marco del cual se originaron otros procesos judiciales, ahora por cargos de soborno y fraude procesal para manipular testigos.
Ese juicio desembocó en la primera condena de un ex presidente en toda la historia de Colombia. Doce años de prisión deberá cumplir el fundador y líder del centroderechista Partido de Centro Democrático, en el caso de que las apelaciones que haga no tengan para él un buen resultado.
Esta condena puede no ser la última. También se investigan casos de desaparición de personas bajo su gobierno, además de los llamados “falsos positivos”: ejecuciones ilegales a campesinos inocentes a cuyos cadáveres sus verdugos militares ponían armas e insignias para hacerlos pasar por guerrillas de las FARC o el ELN.
La condena dictada marca un hito en la historia colombiana, pero si bien Uribe, como todos los líderes que son procesados y condenados en Latinoamérica y en Estados Unidos, alega ser víctima de low fare, falta ver si la jueza y los fiscales recibieron o no algún tipo de estímulo para llegar a esa sentencia.
Es posible que el resultado se ajuste totalmente a Derecho. Al menos es lo que sugieren las sospechas de connivencia con el paramilitarismo que siempre rondaron sobre Uribe. Pero también es posible en el proceso se hayan dado pasos que los magistrados no habrían dado de no soplar vientos políticos en determinada dirección.
