Mi abuela se llama Olinda, le decimos Memé, vive en Deán Funes y nació en 1925. Cuando fui creciendo me costó dimensionar que ella, la madre de mi madre, había nacido en un país donde la mujer, por el simple hecho de ser mujer, no podía votar. Más de 3,5 millones de mujeres votaron por primera vez el 11 de noviembre de 1951 en la Argentina.
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Años más tarde, Memé fue testigo de la promulgación de la ley del divorcio cuando había cumplido 62 años. Fue en 1987 cuando esta ley permitió darle un marco legal a la unión que tenían unos dos millones 500 mil argentinos que habían estado casados anteriormente.
Su tratamiento generó un enfrentamiento que dividió no solo al arco político sino también a la sociedad y a la misma Iglesia Católica.
El diario Página/12 tituló el 4 de junio de 1987 “Argentina entró en el siglo veinte: llegó el divorcio”.
Hoy todo esto nos parece ficción, pero era así. La ley de divorcio no obligó a nadie a divorciarse, solo legalizó una práctica que ya existía y dio libertad a muchos hombres y mujeres.
Hoy, me imagino la película del futuro donde mi hija Emma me haga la misma clase de preguntas que yo me hacía con mi abuela: ¿Cómo fue, mamá, que recién en 2020 cuando vos tenías 43 años se promulgó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? Hoy, parafraseando esa tapa del diario de los '80 podríamos decir: “Argentina entró en el siglo 21: llegó el aborto”. Con una salvedad: el aborto siempre existió. Ahora será legal, no ilegal. Ahora no se criminalizará y, por supuesto, nadie obligará a abortar a ninguna mujer.
La ley no es contra de nadie, es a favor de todos y todas.
Los 38 senadoras y senadores que votaron a favor y los 131 diputados y diputadas que apoyaron el proyecto entendieron lo que se venía diciendo en las calles, de la mano de esta marea verde de mujeres: no se trata de ir en contra de creencias o de religiones, no se trata de imponer al otro una cosmovisión, si no de brindar herramientas para que cada una ejerza su propia libertad sin poner en riesgo su vida.
Un Estado con libertad de creencias no puede penalizar a mujeres que piensan distinto. Es salud pública y son derechos.
Números
En el “mientras tanto”, estuvieron los fríos números que encierran historias llenas de dolor: desde el regreso de la democracia, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, más de 3.000 mujeres murieron como consecuencia de un aborto. Muertes evitables. En Córdoba, el 7 de noviembre murió Mariela, tras permanecer internada durante tres semanas por las consecuencias de un aborto inseguro. Tenía 40 años, era madre y esposa.
Sin dudas, no es una historia aislada.
En Córdoba, 120 niñas fueron forzadas a parir en 2018. Con la ley vigente ninguna niña será forzada a parir.
La discusión siempre fue entre aborto seguro, que cuide a las mujeres, o aborto clandestino, que las mata porque se sabe que en los hospitales públicos de la Argentina hay 39.025 internaciones por aborto inseguro al año.
Si pensamos en términos económicos y en el gasto del Estado los abortos legales no precisan de internación y las pastillas que se utilizan para llevar a cabo la práctica son más económicas que atender, en el sistema de salud, a una mujer que llega desangrada o con una infección generalizada por realizarse un aborto clandestino.
Con la aprobación de ley de interrupción voluntaria del embarazo esa cruel y dramática realidad será parte del pasado.
Un apunte más en este día histórico: a mi hija Emma le contaré también que ella desde el día uno de su jardín de infantes contó con otra valiosa ley, la 26.150 de Educación Sexual Integral. Educación sexual son las dos palabras que achicarán siempre cualquier grieta o color de pañuelo, aunque algunos sectores la quieran invisibilizar.
Ya lo dijeron las chicas en la calle: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.