El debate institucional-político que rodea al Consejo de la Magistratura parece abstracto y complejo pero es relativamente simple de traducir: una pulseada por el control de la Justicia.
Es el gran objetivo de quien ostenta el poder. Sea del signo político que sea. Lo hemos visto en las últimas gestiones, con un sello distintivo muy particular en el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández, cuyas acciones y pronunciamientos respecto a la Justicia ocupan la centralidad de sus movimientos.
El que ocupa el poder trata de cumplir con aquel cuestionable consejo del Martín Fierro de “hacete amigo del juez” sino que busca ser el jefe del juez. Esa Justicia dependiente y sumisa es parte de la decadencia argentina y no sólo es un fenómeno nacional, sino que lo vemos en cada una de las provincias.
Es lo que está en discusión con el ahora famoso Consejo de la Magistratura, nacido en la reforma constitucional de 1994, aquella que Carlos Menem sólo quería para que le permitieran la reelección y que por eso pactó con Raúl Alfonsín algunos avances institucionales.
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Es que hasta ahí a los jueces los designaba el presidente con acuerdo del Senado. Eso permitía la componenda del toma y daca, donde el oficialismo se quedaba con la mayoría de los magistrados y le daba algunos a los conciliadores opositores.
La reforma de 1994 ideó un sistema para que un organismo tuviera tres roles claves: designar jueces, removerlos y administrar los fondos del Poder Judicial. Y que ese organismo fuese lo más equilibrado posible, para que no hubiese supremacía de ningún estamento.
El equilibrio duró unos pocos años, ya que en la presidencia de Néstor Kirchner, la senadora y primera dama, Cristina Fernández, impulsó una ley que achicó el Consejo y le otorgó a los representantes del poder político (Ejecutivo y Legislativo) la supremacía.
La Corte se tomó apenas 15 años para declarar inconstitucional una norma que iba en contra de la Constitución. Y ahí empiezan estos tironeos.
Perversa pero conocida
La vicepresidenta ha recorrido todos los caminos para mantener cierto control sobre el Consejo de la Magistratura. La última maniobra de partir en dos sus bloques es perversa, apunta a violentar el espíritu de la Constitución pero está dentro de las maniobras legales que suelen usar las fuerzas políticas.
¿Cómo es? Para el Consejo de la Magistratura, la ley establece que el Congreso aporta ocho miembros, cuatro por cada cámara. De esos cuatro, dos son para el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría.
Cristina se quedaría con esta maniobra con los dos de la mayoría y uno de la segunda minoría. O sea, tres para el Frente de Todos y sólo uno para Juntos por el Cambio, cuando la idea de la ley es que dos sean oficialistas y dos opositores por cada Cámara.
Pero Juntos por el Cambio, al igual que el Frente de Todos, fue con una sola boleta legislativa pero decidió armar dos bloques en el Senado que confluyen en un interbloque. Fue por unos fines distintos a los que hoy busca el kirchnerismo. Pero se quejan de algo que hicieron.
Es ahí donde queda claro que la obsesión de Cristina de controlar la Justicia es más que palmaria y evidente. Y que su único objetivo es lograr impunidad y no ser condenada por corrupción. Pero pocos pueden esgrimir que están limpios de pasado para lanzar piedras institucionalizadoras.
La gestión de Mauricio Macri tuvo una mesa judicial, oscuros operadores que influían sobre magistrados, sospechosas escuchas, entre otras acciones.
¿Y por casa?
Si vemos en nuestros pagos, la Justicia de Córdoba tiene una larga tradición de sumisión total al poder político.
En su momento, se declaró una emergencia judicial para suspender el Consejo de la Magistratura provincial y llenar de fiscales adeptos. Y se instrumentaron todos los mecanismos para que todos los jueces y fiscales que se designaron después no incomodasen al poder provincial.
El Tribunal Superior de Justicia tiene siete miembros, tres de los cuales fueron antes funcionarios del Ejecutivo provincial y algunos tienen años de relación política y personal con el gobernador Juan Schiaretti.
Por eso, está claro que Cristina está más que obsesionada con controlar la Justicia. Pero no es la única.
