Para la mayoría de los habitantes de zonas urbanas de la Argentina, el transporte público de pasajeros volvió a fase cero, pese a que en gran parte del país hay cada vez más actividades permitidas y, por ende, mayores necesidades de desplazamiento.
La chispa se encendió en Córdoba, en la madrugada del miércoles, de manera intempestiva. Un grupo de choferes sin responsabilidades en la estructura gremial bloqueó la entrada de la empresa que concentra poco más de la mitad del sistema de la ciudad, Ersa-Aucor. Las bases actuaron por su cuenta, imponiendo el plan de acción a los líderes del sindicato.
Para garantizar que la policía no los desaloje, fueron acompañados de mujeres y niños, en uno de los días más fríos del año. En ese momento había muchos choferes dispuestos a cumplir con su jornada laboral y salir al volante de sus unidades, pero el bloqueo era infranqueable. Las demás empresas de Córdoba y del resto del país prestaban el servicio con normalidad. Cuando los dirigentes sindicales se acercaron al portón bloqueado hubo insultos, forcejeos y otro tipo de agresiones, como la pinchadura de las cubiertas del auto del número dos del gremio.
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Al mediodía, la UTA decretaba un paro nacional que, como en el paro anterior de mayo, no incluye a Buenos Aires y alrededores. Un país con realidades muy diferentes.
¿Qué motivaba el enojo de los choferes que por su cuenta impusieron la paralización del transporte urbano? Las deudas acumuladas no eran tantas. Y algunas de ellas, bastante discutibles. Por ejemplo, su pretensión de cobrar los viáticos correspondientes a los días en que no trabajaron por la huelga previa. O el reclamo de quienes estuvieron de receso por la cuarentena de cobrar un ítem, el laudo, que en teoría les correspondería a quienes efectivamente prestan servicio. Esas extravagantes exigencias fueron presentadas en el debate público como "diferencias salariales".
Pero lo que explicaba su enojo era la certeza de las deudas por venir. Dando por descontado que las empresas no podrían cumplir con el medio aguinaldo ni con el sueldo de junio, los conductores plantearon que la deuda con cada uno de ellos superaba los 100 mil pesos, algo que, en rigor, será efectivamente así a partir de esta semana.
Los subsidios no viajan
Los choferes conocen que el sistema del que son una pieza central está condenado al colapso. En cuarentena, los pasajeros fueron apenas el 13% del habitual en tiempos normales. Y el sistema de Córdoba, como el del resto del "interior", depende de lo que recauda por la venta de pasajes. Los subsidios nacionales representan el 30% de su presupuesto. A la inversa de lo que ocurre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los colectivos siguen circulando, pese al endurecimiento de la cuarentena.
Las autoridades nacionales enfatizan que "triplicaron" los subsidios para el interior. El año pasado, la distribución era: 91% para AMBA y 9% para el resto del país. Esa relación fue en estos meses de 84 a 16. En función de las unidades, de los pasajeros, o por chofer, cualquiera sea la vara que se use para medir cómo se reparten esos fondos públicos, el resultado es un desequilibrio alevoso a favor del AMBA. Un ejemplo: allá, cada colectivo recibe por mes 560 mil pesos del Estado nacional. En el resto del país, el aporte es de 140 mil pesos mensuales.
Este desequilibrio, no está de más recordarlo, se estableció con las políticas de subsidios aplicadas a partir de 2002. Antes de esa fecha, las tarifas del AMBA, donde el transporte urbano es controlado por el Estado nacional, eran similares a las del resto del país. Los gobiernos de los Kirchner se caracterizaron por su fobia a las actualizaciones tarifarias.
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Con este cuadro de situación, no parece haber caminos para un regreso del transporte urbano en lo inmediato. Un aumento en el precio de los viajes parece hoy políticamente inviable. Y si la Municipalidad quisiera financiar el regreso de los colectivos en Córdoba debería destinar una suma equivalente a más de la mitad de los 400 millones de pesos por mes que ahorra con el ajuste salarial que disparó la dura pulseada con el Suoem. Otra opción inimaginable. El Estado provincial tampoco dispondría de esos recursos. El servicio del que es el poder concedente, el interurbano, está próximo a cumplir esta semana tres meses de paro.
Por el momento, la noticia de que la mayoría de los habitantes del país están sin transporte público no parece haber generado mayor impacto en el gobierno nacional. Como si ese dato que acá resulta tan evidente, demorara en llegar a las oficinas en las que se define dónde, cuánto y cómo se reparten los fondos que aportan los contribuyentes de toda la Argentina.
