Es como si en casi todo el planeta aparecieran carteles en la calle con la foto de Vladimir Putin y la palabra “buscado”, igual que los carteles que decían “Wanted, dead or alive” con la cara del villano que pegaban en las cantinas del lejano Oeste norteamericano.
El presidente ruso ha sido declarado “forajido” mundial por la Corte Penal Internacional (CPI). A eso equivale la orden internacional de detención, bajo acusación de crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
¿Qué tan lapidario resulta la situación creada a Putin por la corte con sede en La Haya?
El dictamen de la CPI limita la posibilidad de movimiento del presidente de Rusia sin generar conflictos diplomáticos. También resulta lapidario para el jefe del Kremlin entrar en una lista donde figuran tipos despreciables. No son muchos los casos de “buscados” por la CPI, pero entre ellos figura el ex dictador Omar al Bashir, quien imperó durante tres décadas en Sudán y fue juzgado en La Haya por “genocidio” y crímenes de lesa humanidad contra la población de Darfur, región donde perpetró una criminal limpieza étnica.
También figura el sanguinario militar congolés Bosco Ntaganda, condenado a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad que cometió la guerrilla que lideraba, el Frente Patriótico de Liberación del Congo (FPLC), contra la etnia Lendu, en el este del Congo.
Otros dictadores criminales fueron condenados por delitos como los estipulados en el Estatuto de Roma (que creó en 1998 la CPI), pero por tribunales nacionales. Son los casos del chadiano Hissene Habre (condenado por una corte de Senegal por los crímenes que cometió en Chad), el egipcio Hosni Mubarak, condenado por un tribunal de El Cairo por las muertes que causó la brutal represión a las protestas en la Plaza Tahrir durante la Primavera Árabe, o el general guatemalteco Efraín Ríos Mont, quien exterminó decenas de miles de indígenas mayas en la limpieza étnica que perpetró entre 1980 y 1981.
Sin embargo, hubo otros evidentes crímenes cometidos por gobernantes que no han sido juzgados en el tribunal de la Haya. La invasión de Irak que ordenó George W. Bush comenzó en el 2003, o sea al año siguiente de haber entrado en funciones la CPI.
Al no haberse encontrado las armas de destrucción masiva que argumentó Bush hijo como causa de la invasión, a pesar de que las inspecciones encabezadas por el experto sueco Hans Blix ya habían determinado que no quedaban arsenales de ese tipo en el territorio iraquí, la invasión del 2003 y el desastre humanitario que produjo debió encuadrar en la categoría “crimen de agresión” (una de las cuatro establecidas por el Estatuto de Roma para los juicios del CPI).
Sin embargo, Bush hijo nunca fue acusado. Tampoco fue acusado el primer ministro de la India, Narendra Modi, por los miles de musulmanes que mató la represión en Guyarat en 2002, cuando él gobernaba este estado indio. Tampoco se acusó a Xi Jinping por los campos de concentración en Xinjiang, que constituyen crímenes de lesa humanidad contra la población uigur de ese estado del noroeste de China. Y hay muchos ejemplos más que le sirven al Kremlin para desacreditar la orden de detención del CPI contra Putin.
Aún así, el pronunciamiento del tribunal internacional resulta lapidario para el presidente de la Federación Rusa. Sucede que visibilizó uno de los actos más monstruosos cometidos en Ucrania: el secuestro y deportación a Rusia de miles de niños con el presunto objetivo de rusificarlos.
Además, es evidente que el jefe del Kremlin cometió Crimen de Agresión porque invadió el país vecino sin que mediaran ataques, ni sabotajes, ni financiación de terrorismo y ningún otro tipo de agresión por parte de Ucrania a Rusia. A eso se suman los asesinatos de civiles en Bucha, el bombardeo a un teatro donde se refugiaban de las bombas rusas ancianos, mujeres y niños de Mariupol, y otros actos aberrantes visibilizados por la decisión de esa Corte que muestra a Putin como lo que es: un forajido internacional.
