El del abrazo prohibido entre la agonizante Solange Musse y su padre fue un drama que expuso como pocos la locura autoritaria que envolvía a la Argentina en tiempos de cuarentena dura. Las más elementales garantías constitucionales eran pisoteadas mientras las encuestas mostraban que los gobiernos nacional y casi todos los provinciales alcanzaban niveles de aprobación altísimos. Un vicio típico de las sociedades ganadas por el terror.
A días de que se cumplan dos años del episodio, la fiscalía de Huinca Renancó pide la elevación a juicio de la causa judicial que tiene a cuatro agentes estatales como acusados. Son dos médicos del COE, una trabajadora social y un policía de la Caminera. Soldados de la durísima cuarentena impuesta por las máximas autoridades del Estado nacional, confinamiento validado en la mayoría de sus aspectos más irracionales por los estados provinciales.
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Carlos Nayi, el abogado que representa al papá de Solange, afirma que está “absolutamente seguro de que no se agota la responsabilidad en estas cuatro personas”.
Desde la fiscalía del extremo sur cordobés pidieron que se investigue la posibilidad de que también hayan cometido delitos autoridades policiales y provinciales de otras provincias. La cruel y disparatada caravana policial que custodió el regreso de Pablo Musse desde el límite de Córdoba con La Pampa hasta la provincia de Neuquén, fue ejecutada por patrulleros pampeanos y rionegrinos. Días más tarde, después de que tuviera un enorme impacto en todo el país el mensaje de Solange proclamando “hasta el último suspiro tengo mis derechos”, su papá pudo asistir al funeral de la hija tras recurrir a una acción de amparo.
Parece muy probable que los cuatro agentes imputados hayan aplicado mal algún aspecto de las intrincadas (e inconstitucionales) regulaciones de aquellos tiempos. De hecho, eso es lo que entiende la fiscalía al pedir la elevación a juicio. Pero al momento de analizar la conducta de estos soldados de la cuarentena habrá que recordar el contexto. Las exageradamente opresivas políticas impuestas en toda la Argentina, avaladas en mayor o menor medida por los estados subnacionales, propiciaron el atropello de derechos fundamentales más alevoso que se haya registrado desde el regreso de la democracia.