El aval era previsible. El funcionario nacional que viajó a Formosa en medio del escándalo por los atropellos a las garantías fundamentales, validó esta semana al aliado estratégico Gildo Insfrán. Tratándose de un ferviente defensor del régimen que oprime a la población de Venezuela, lo extraño hubiese sido que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, objetara las políticas aplicadas en la provincia del norte.
Para concretar la difícil misión de contrarrestar las críticas a Formosa tuvo que recurrir a algunas piruetas retóricas. Por ejemplo, la de negar la existencia de centros "clandestinos" de detención. Los reproches contra la gestión de Insfrán apuntan a que los centros de aislamiento donde son llevados, por largos períodos, las personas con Covid-19 y los supuestos contactos estrechos son virtuales centros de detención. Pero ninguna crítica había agregado hasta ahora el adjetivo "clandestino". Justamente, porque no son clandestinos. Son virtuales centros de detención al margen de la Constitución que están a la vista de todos y todas.
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Pietragalla hace trampa. Pretende que los críticos de los abusos formoseños de hoy parezcan estar comparando los abusos actuales con las atrocidades de la última dictadura. Y evita así referirse, por ejemplo, al hecho concreto de que en Formosa se impide cursar en el hogar la convalecencia, aunque sea asintomática. O que se traslada compulsivamente, con la policía, también a quienes entran en la difusa categoría de contacto estrecho. O que en los centros de aislamiento se amontona a mujeres, hombres y niños; a pacientes confirmados con gente con hisopados negativos en condiciones inhumanas. Experiencias brutales que se suman de a miles y que en muchos casos han tenido trágicos efectos.
Abusos financiados por toda la Argentina
Formosa es el distrito más dependiente de la Nación. Según un estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea, el 94,3% de los recursos de los que dispone el gobierno de esa provincia los manda el Estado Nacional. Formosa no recauda casi nada por su cuenta. Su minúsculo sector privado no tendría hoy mucho más para aportar. El anacrónico régimen de coparticipación que en teoría buscaba beneficiarla, sobreprotegiéndola, termina siendo una condena para las libertades de su ciudadanía y para el desarrollo real de su economía.
El Estado provincial es el actor omnipresente. Así se explica que puedan suspenderse tantas actividades e imponer tantas restricciones sin mayores dificultades.
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Además, Formosa recibió en 2020 un trato preferencial por parte de la Casa Rosada. De acuerdo al mismo trabajo del IERAL, en el primer semetre del año pasado recibió más de 60 mil millones de pesos de la Nación, entre partidas de coparticipación y envíos discrecionales. Es más de un 50% por encima de los 37 mil millones de pesos que recibieron Corrientes y Chaco, provincias con mayor población que Formosa. Medida por habitante, la discriminación es alevosa. Ni hablar con las provincias más productivas como Córdoba, que ponen en impuestos nacionales muchísimo más de lo que reciben a cambio.
El autoritarismo del feudo de Insfrán es un subproducto del desastroso diseño institucional de la Argentina, que promueve desde hace décadas, para asombro del mundo, un modelo de empobrecimiento constante. Denunciar la realidad formoseña, aspirar a cambiarla, es un asunto que incumbe a toda la población argentina.
