Tuvo la mala fortuna de no saber nadar y se ahogó en un frío río de la Patagonia cuando escapaba de un operativo de la Gendarmería ordenado por la Justicia para despejar el corte una ruta nacional, ocupada por el movimiento Mapuche en medio de una lucha para que le restituyan tierras.
En mi opinión me cuesta mucho encontrar puntos en común con cada una de las víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por el centro de detención, torturas y exterminio que funcionó en el D2 (donde hoy funciona el Archivo de la Memoria) con aquella persecución a plena luz del día que terminó en la muerte de Santiago Maldonado.
Respeto la opinión de la directora del Archivo, María Eleonora Cristina, que después de dos años de la instalación de una gigantografía afirmó que la iban a sacar por las reacciones que generaba. Dijo la funcionaria que “el hecho de que estuviera afuera del edificio no nos daba la posibilidad de trabajarlo como nos gusta trabajarlo”.
Como ciudadano, como periodista, como ex estudiante universitario que estuvo detenido en el D2 (29 de noviembre de 1975), sigo sin entender como una institución pública del Estado provincial, conocida por sus valiosas contribuciones al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, quiera enarbolar una causa que se inició bajo el lema “Santiago Maldonado el primer desaparecido en democracia”.
De paso, no recuerdo que ninguno de los detenidos en ese centro clandestino fuese reivindicado y visibilizado con un cartel de las dimensiones que le dieron al tatuador Maldonado.
Me deja la extraña impresión de que quieren que Santiago Maldonado entre por la puerta grande al Archivo de la Memoria. Como ningún otro que pasó por esos calabozos desde mediados de la década del 70.
En todo caso, si el Archivo de la Memoria va a “trabajar” el rol de la Gendarmería en la represión de “movimientos populares”, sugiero que destinen el mismo espacio que venía ocupando el cartel de Santiago Maldonado a analizar y reflejar un largo historial represivo de los “Centinelas de la Patria”, entre ellos los siguientes:
Octubre 1947. Gobierno de Juan D. Perón. Cientos de asesinatos de indígenas de la comunidad Pilagá despedidos por el empresario azucarero Patrón Costas.
Enero 1959. Gobierno de Frondizi. Violenta represión a los trabajadores despedidos del frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos.
Julio 1976. Dictadura de Videla. Secuestro de 400 trabajadores del ingenio Ledesma de la familia Blaquier. 55 siguen desaparecidos.
Junio 1996. Gobierno de Menem. La protesta se conoce como el “Cutralcazo” con 20 mil personas protestando por la tremenda desocupación, que dejó el saldo de una empleada doméstica muerta, Teresa Rodríguez.
1999 Gobierno de De la Rúa. Dos muertos y 28 heridos de bala en la represión del corte del puente General Belgrano entre Chaco y Corrientes.
Junio 2014. Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Berni ordena a la Gendarmería reprimir los piquetes sobre la Panamericana de los trabajadores de la autopartista Lear que quedaron en la calle.
