Con el correr de los días, crece el desconcierto en el universo de la UTA Córdoba. El viejo método extorsivo de bloquear un servicio esencial, casi siempre con el visto bueno apenas disimulado de las empresas, se muestra ineficaz para conseguir los recursos que pretenden. Encima, ven cómo el Surrbac y, sobre todo, el SUOEM, las otras corporaciones sindicales que venían definiendo el destino del grueso de los fondos municipales en los últimos 20 años, aceptan con resignación el ajuste que les impuso la gestión Llaryora.
Más allá de la amenaza de “sitiar la ciudad” desde este lunes, los choferes no distinguen con claridad qué rumbo deben seguir. En el GPS de muchos de ellos asoma la aceptación de la propuesta que empuja la Municipalidad de Córdoba, que incluye un recorte salarial de hasta el 20% que, según el detalle presentado por las empresas, promediaría de bolsillo el 12%. Sería a cambio de menos trabajo: 19 días al volante al mes, en lugar de los 24 actuales. Nada muy diferente a lo que pasa en muchas otras actividades.
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En los próximos días, el gremio del personal jerárquico de las empresas de transporte, integrado por compañeros de trabajo de trato cotidiano con los choferes, mostraría su disposición a avalar un ajuste de este tipo.
Entienden el contexto. Forman parte de un sistema diseñado para transportar ocho veces más de pasajeros que los que viajaron en los días de la pandemia en los que sí hubo colectivos. Un sistema que se financia principalmente con la plata de los usuarios. Dos tercios de la recaudación de las empresas surge de la venta de boletos. Al revés de lo que ocurre en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde, gracias a la hiperconcentración de subsidios nacionales, los colectivos siguen circulando.
Además, los trabajadores del mundo del transporte que ya se muestran dispuestos a aceptar el recorte valoran la posibilidad de conservar la fuente de trabajo, punto sobre el cual la mayoría de la gente a la que el paro deja a pie no tiene garantías.
Algo en qué viajar
El esquema diseñado por la Municipalidad para la emergencia, del que no se han revelado aún muchos detalles, sería necesariamente limitado. Pero los vecinos de Córdoba han mostrado no ser demasiado exigentes en la materia.
Cumpliendo con las estrictas indicaciones del COE, intentarán implementarlo desde esta semana. Habría cambios en los recorridos y concentración de las frecuencias en horas pico. Y paradas más alejadas, siempre a más de 500 metros una de otra.
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Para avanzar en este esquema alternativo fue clave, además de la declaración de la emergencia que le otorga “superpoderes” al Intendente, la ampliación de facultades de dos organismos municipales: Tamse y el ex Esop.
Cualquier tipo de transporte masivo va a ser una opción superadora para los vecinos que necesitan desplazarse. Gente que gasta 600, 800 pesos o más en taxis o remises para hacer simples trayectos ida y vuelta para ir a trabajar, a hacer un trámite, una consulta médica o lo que sea. No tener colectivos impone costos mucho mayores a vecinos que en su mayoría ganan bastante menos que los choferes, que tienen sueldos en promedio superiores a los 70 mil pesos en bruto.
La Municipalidad anuncia su disposición a poner la plata para cubrir las deudas salariales, que además del medio aguinaldo y el mes de junio, incluye discutibles reclamos por ítems no pagados de abril y mayo, como los viáticos por los días del paro anterior. Pero exige de acá en más un "esfuerzo compartido", que muchos choferes parecen reservadamente dispuestos a dar. Por ahora se imponen los ultras, estimulados por el mito de la combatividad del gremio, esa leyenda urbana que glorifica la compulsión sindical de dejar a pie a los vecinos de menores recursos de la ciudad.
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