Buena parte del sector público argentino avanza hacia las turbulencias sin antecedentes que se anticipan en la economía simulando que acá no pasa nada, haciendo de cuenta que el Estado no necesita adaptarse a la dramática realidad que ya empieza a sufrir el entramado productivo que lo sostiene.
Apenas algún que otro gesto simbólicamente importante pero no demasiado significativo en términos reales.
Como por ejemplo, el recorte en los sueldos “altos” que anunció la provincia de Córdoba, del que no se conocen detalles importantes, como cuál será el alcance o qué ahorro permitirá.
La Municipalidad de Córdoba también avisó que ajustaría los sueldos del intendente y de sus principales funcionarios el 30 por ciento.
Pero mucho más importante fue la discreta quita de bonificaciones que aplicó sobre cientos de empleados en los ítems "prolongación de jornada" o directamente horas extra que no se pagaron con los haberes del mes pasado porque sus beneficiarios estuvieron desde mediados de mes de cuarentena.
El Suoem, fiel a su rol histórico de impulsor de costosos privilegios, avisó que reclamará por esas bonificaciones.
Por ahora la ciudad viene zafando de las rutinarias asambleas gremiales, tantas veces acompañadas por bombas de estruendo, piedrazos contra los vidrios del Palacio 6 de julio y otras prácticas de ese estilo, gracias a que buena parte de los agentes municipales están alcanzados por las restricciones que impone el aislamiento social obligatorio.
Y lejos de cualquier amague de recorte viene el Estado nacional. Varios de los más importantes funcionarios actuales expresaron antes de esta crisis su desacuerdo con los reclamos para que la corporación política se ajuste.
El presidente Alberto Fernández insistió este sábado que le parece un "acto demagógico" el recorte a los salarios de los funcionarios.
"No me vengan con esas cosas", respondió ante la consulta sobre esas demandas.
Es una incógnita si podrán mantener esa posición cuando los efectos del parate en la economía se multipliquen.
Las cacerolas ya apuraron gestos en el oficialismo como el del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que publicitó su disposición a analizar una reducción del gasto en el ámbito legislativo, tal como pidieron los opositores.
Autopercibidos
Un caso aparte es el del Poder Judicial, una elite que desde hace décadas se autopercibe diferente al resto, al margen de las exigencias impositivas del común de los contribuyentes.
Y tiene el poder suficiente como para convertir esa autopercepción en una dispensa del pago del impuesto a las Ganancias.
A nivel nacional, sólo avanzaron con una donación del 25 por ciento de los sueldos los integrantes de la Corte Suprema.
En la Justicia de Córdoba aún no hubo gestos en ese sentido, más allá de una especie de colecta promovida por la Asociación de Magistrados.
El Estado, en todos sus niveles, que ya absorbía antes de la crisis del coronavirus una porción creciente de los recursos de la economía, tiene que adaptarse.
La caída de la recaudación se acelerará como no habíamos visto en generaciones. Cuanto más demore en ajustarse al nuevo escenario peor será su vital capacidad de respuesta en lo peor de la crisis, que aún no llegó, y el día después.
