El ministro de Energía, Javier Iguacel, acusó a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), de ser la más cara del país y que, junto con Santa Fe, cobrarles a sus usuarios hasta cuatro veces más que los porteños. Dijo que por 300 kilovatios al mes, un porteño paga 124 pesos final, frente a 496 que paga un santafesino y 563 un cordobés. Tiene razón: el kilovatio puro que en Buenos Aires Edenor y Edesur venden a 1,49 acá cuesta 2,52: un 70 por ciento más.
+ MIRÁ MÁS: Llegaron las boletas de gas, con el m3 recargado
Pero además, después EPEC cobra tres cargos para obras, porque con el diferencial que cobra la energía no le alcanza. Ese sobreprecio se explica, básicamente, por los salarios. Lo que no dijo Iguacel es que los porteños tienen el precio que tienen porque entre 2002 y 2016, la tarifa estuvo congelada y que en promedio, pagaba cada uno 28 pesos de luz. Recién en 2016 sufrieron el primer aumento, cuando desde Córdoba la energía sube desde 2008. Hay mucho subsidio acumulado (en obras, en cubrir déficits operativos y en tarifa social) que quedó solapado en una tarifa barata.
La gran duda es que hará EPEC: subirá sus propios costos de transporte y distribución. El ministro de Energía apeló a la inteligencia de los gobiernos para no trasladar costos propios a la boleta de luz, ya que la Nación (que regula el precio de la energía pura) acaba de anunciar un aumento del 36 por ciento en la energía residencial y del 30 al 46 por ciento para los grandes consumidores. “Es bastante cómico, ellos aumentan las tarifas nacionales y le echan la culpa a la provincia, es inexplicable, no tienen cara, no tienen argumento", le respondió el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. En Córdoba prefirieron el silencio, porque la crítica les conviene.
+ MIRÁ MÁS: La economía en la era de hielo y del dólar alto
Epec está embarcada en su objetivo de modificar el convenio colectivo de trabajo para bajar 30 por ciento sus costos laborales. Que la expongan públicamente por cara es incómodo, pero no deja de ser útil a la causa, que necesita de la adhesión de los cordobeses y, sobre todo, del aval del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es donde se discuten los cambios.
