Laura González

Los saqueos en masa podrían no responder a una organización política tradicional. Son los desclasados del siglo 21 que no tienen nada que perder.

Algunos factores que explican qué movió al electorado en el recambio de gobierno en la Provincia.

La Justicia condenó por corrupción a la figura política más trascendental de la Argentina, y lo hizo aun cuando está en ejercicio del poder.

Auto gratis, con patente melliza y multas que no le llegaban a él y la posibilidad de que una comuna amiga le dé una licencia de conducir pese a que estaba inhabilitado por las normas provinciales para hacerlo.

Entre enero y agosto la movilidad del salario municipal fue del 53,6%, un punto más que la inflación provincial. Pero el gremio quiere más. ¿Está bien que así sea? ¿Es mejor eso que canteros con flores? ¿Por dónde pasa la discusión?

La vicepresidenta lo pidió para solucionar la indigencia, justo cuando hay un acampe en todo el país y a días de que su ministro de Economía haya prometido al FMI más ajuste fiscal en el 2023. Controlar precios, buscar culpables y acumular planes sobre planes explican el retroceso argentino hoy.

Su llegada ordenó los enfrentamientos políticos y evitó por el momento el estallido macroeconómico. Pero no solucionó todavía nada de fondo.

La vicepresidenta mete otra vez ruido político cuando el plan de Massa es aquietar las aguas. Pero podría ser a propósito, para que se hable de otra cosa menos del ajuste.

El populismo energético salió caro: la no actualización deliberada de tarifas se cubrió con emisión de pesos, que alimentó la inflación y obligó a importar. Ahí se fueron los dólares que nos faltan.

Subsidios acotados a las tarifas, menos emisión y cumplimiento de metas fiscales eran términos prohibidos en el diccionario cristinista. O pasó algo y se asustaron o, hipótesis dos: compran tiempo.

Massa quiere estar ahí y en la crisis podría encontrar sus 15 minutos de fama. La duda es si podrá hacer lo que este gobierno esquiva desde hace tres años.

El ahorro fiscal será mínimo en relación al esfuerzo burocrático para confeccionar esta base de datos. Pero tampoco contribuye a desterrar el relato del populismo energético.

No es el número en sí mismo, marzo había sido peor. Refleja la convicción ciudadana de que este Gobierno no podrá bajar la inflación y que todo será peor.

La incertidumbre lleva seis días, esperando medidas de fondo que frenen la aceleración inflacionaria. No hay precios en el mercado y los que venden, se anticiparon a una devaluación. Pero anunciaron una restricción para compras sin impuestos en los aeropuertos.

Se presagia una semana extremadamente complicada para la Argentina. Nadie imagina un plan B posible a aplicar que responda a los designios de Cristina y que ordene la economía.

El Gobierno prefiere por ahora recortar un tercio las importaciones industriales antes que tocar el dólar de los viajeros, los gastos con tarjeta o ir a una devaluación brusca. El mercado duda de que pueda evitar esas medidas.

El Central se quedó con apenas el 8% de las divisas que liquidó el campo. ¿Habrá más restricciones a los viajeros o a las importaciones?

Con lo que Argentina gastó en importar gas en la última década podría haber construido cinco veces el gasoducto. Pero la obra ni siquiera se terminó de licitar.

Irse de un lugar incómodo, con jefes a los que cuestiona, pareciera una medida sensata. Pero alega que todo lo hecho está bien y que era necesario, hasta que la guerra cambió todo.

Oficialismo y oposición están embarcados en un tironeo electoral para el que faltan 18 meses. Ya que están tan ansiosos, podrían empezar a explicar cómo piensan solucionar los problemas que afectan a la Argentina.