¿Alguien imaginaba que la Justicia argentina iba a condenar por defraudar al Estado a una persona que, en el momento de la condena, ocupa un alto cargo en la administración de ese Estado? ¿Alguien imaginaba que tres jueces de carrera, que llegaron a ese cargo por concurso cuando Cristina era presidenta, condenarían a seis años de prisión a quien ha sido y es hoy la figura central de la política argentina? ¿Quién hubiese imaginado que, aun gobernando el kirchnerismo, la líder de ese movimiento iba a ser acusada de corrupta?
Eso acaba de suceder. Es la primera lectura a hacer, en un país descreído de las instituciones, en especial de la Justicia: condenaron a Cristina. No hay que restarle mérito al hecho de que un poder del Estado entendió que en otro poder del Estado se tejió una matriz para robar y que así se hizo entre 2003 y 2015.
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También es toda una señal de que no hayan otorgado los 12 años que pidió el fiscal Luciani ni que hayan concedido la difícil figura de la asociación ilícita. Eso significa que el fallo no estaba cantado de antemano ni siquiera que el Tribunal Oral era un “pelotón de fusilamiento”. Hay juristas en la oposición incluso que admiten la dificultad de probar, sin ninguna posibilidad de duda, la figura de la asociación ilícita.
¿Importa que sean seis años y no 12? ¿Importa que se apunte sólo a la defraudación y no a la asociación ilícita? Poco. En este país partido por la grieta, seguramente a una mitad le parece poco y a la otra mitad, un abuso detestable. Pero esta postura cautelosa del TOF –ni muy muy ni tan tan- se asegura una figura penal sea irrefutable, sin ensañarse.
Lo segundo a subrayar de la decisión judicial tiene que ver con el decomiso: deben devolver 84 mil millones de pesos. El mensaje entonces es que robarle al Estado tiene consecuencias, aunque el monto no se le acerque a los fondos que manejaron. Quizás pasen años hasta que eso se materialice, pero en algún momento el Estado husmeará patrimonio privado para tomarse lo que alguna vez le quitaron. Eso es vergonzante, y la Justicia entiende que así tiene que ser. Teléfono además para todos los que direccionan la obra pública a lo largo y ancho del país.
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El tercer punto es la inhabilitación para ejercer cargos públicos: ninguno de los ocho condenados puede volver a tocar nunca bienes del Estado ni puede decidir jamás sobre alguna política que incida sobre la vida de los argentinos. En buen romance, eso significa que jamás podrán volver a tener poder.
Hay cierta incoherencia momentánea, dado que Cristina al menos por un año más será la vicepresidenta. Incluso –aunque ella lo negó- podría volver a presentarse, dado que el fallo no está firme y hay instancias de apelación. Pero eso es coyuntural: la Justicia entiende que no puede volver jamás a ejercer un cargo público. Eso es exiliarte al desierto, mandarte a la B, al común terreno de los mortales que jamás tocan un peso del erario público. Es el ostracismo político, y no por haber perdido una elección: sino por robar.
