A fines de febrero, el gobernador Juan Schiaretti prometía que las escuelas en Córdoba no se cerrarían "en todo el año". Parecía un anuncio lógico, después de la desastrosa experiencia del 2020, año casi completo sin educación presencial en la Argentina, uno de los tantos récords negativos que viene marcando nuestro país en el marco de la pandemia.
El consenso en favor de la reapertura de escuelas era tal, que muchos de los militantes del cierre durante todo el año pasado se presentaban entonces como convencidos defensores de la causa opuesta.
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La realidad es que hoy en Córdoba llevamos acumuladas tres semanas (no consecutivas) sin ningún tipo de actividad en las aulas. Y para la población de la ciudades medianas y grandes, de más de 30 mil habitantes, habrá por lo menos otra quincena así.
Sobre las consecuencias negativas que tiene la falta de presencialidad hay poco que agregar. En ese sentido, son recomendables los apuntes que esta semana brindó la especialista en educación Laura Lewin en Seguimos en El Doce. Párrafo aparte para su crítica a la decisión del Gobierno Nacional de suspender otra vez las evaluaciones Aprender: "Es como si yo le pidiera a mi esposo que sacara todos los espejos de la casa, así no me doy cuenta cuánto engordé en la pandemia", graficó con humor.
Que las escuelas no son focos de contagio masivo (e incluso lo contrario, ya que permiten advertir anticipadamente ciertos casos positivos) es un dato tan afianzado a nivel global que tampoco tiene demasiado sentido insistir sobre la cuestión. Tampoco sobre el hecho de que los costos son mucho mayores que los supuestos beneficios.
También se argumenta que el riesgo no es la escuela en sí sino los movimientos que genera su funcionamiento. En ese caso, parecería razonable implementar una solución específica para los traslados de quienes usan el transporte público. Pero no impedir que quienes van caminando, en bici o en auto continúen con la irremplazable presencialidad.
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En este marco, será interesante ver qué curso sigue la presentación judicial hecha por un grupo de padres y madres cordobeses que objetan el cierre. La abogada Florencia Ramos Martínez, una de las redactoras del amparo que reclama el regreso de la presencialidad, sostiene que la medida es "irrazonable" y "desproporcionada", además de arbitraria e ilegal. Sería una saludable señal institucional que el Poder Judicial rectificara la errática política seguida en Córdoba en esta materia, justo cuando hasta la provincia de Buenos Aires, el distrito con el gobierno que con más convicción batalló contra la presencialidad, reabre sus escuelas.
