Una noticia falsa comienza a compartirse en el inmenso mundo de la web. Se comenta, se replica, se hace inabarcable. ¿Cómo controlarlo? La respuesta aún está abierta tanto en Argentina como en el mundo.
Cuando una víctima de las fake news (noticias falsas) reclama respuestas y debe buscarlas en el que originó la información, el que brindó la plataforma para publicar, el que la replicó consciente o no de la falsedad. Todos tienen un grado diferente de responsabilidad. Quizás por eso hace falta un criterio objetivo para proteger la información y los ciudadanos. Sin embargo, en la Argentina, lo único que existe es un enorme vacío legal.
La semana pasada, en la sección #Desenredados contamos la experiencia del Inadi. Una institución que puede recibir denuncias de odio digital, de actos de discriminación que se expresan a través de las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Quién responde ante una falsa noticia o información?
Hasta ahora sólo existen casos testigos. El más antiguo y polémico fue la denuncia de la modelo cordobesa María Belén Rodríguez quien denunció a Google y Yahoo por difundir fotos suyas relacionadas con sitios pornográficos. Después de un largo camino judicial, la Corte Suprema de Justicia consideró que no corresponde juzgar la “eventual responsabilidad” de los motores de búsqueda en los contenidos.
El caso más reciente lo protagonizó la mediática Victoria Vanucci quien le ganó una presentación judicial a Twitter a quien la justicia argentina le ordenó eliminar todos los dichos y montajes fotográficos que se refieren a la actriz como "asesina", "puta", "judía”, "lacra", "no grata", "cucaracha", "perra", "mierda", donde la acusen de drogadicta y que le deseen su "muerte", "sufrimiento" y "dolor" o que manifiestan "odio". Una resolución de muy difícil aplicación.
El fallo generó el rechazo de numerosos organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas quien consideró que “constituye un acto de censura y cercenamiento de la comunicación”.
Libertad vs. Censura. Ese es el centro del debate de las pocas leyes que hasta ahora intentan alcanzar un mundo inabarcable. “Es querer abrazar el aire”, afirma Juan Brügge, diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano, hoy integrante del bloque UNA. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática es el responsable de un proyecto para crear un Defensor Público de las redes sociales. Según el texto del proyecto, el principal objetivo es: “Proteger los derechos de las personas humanas y jurídicas frente a los actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales, a través de cualquier tipo de redes sociales, sean estas, digitales, fijas o móviles, en particular internet y cualquier otra plataforma digital existente o a crearse en el futuro de transmisión de datos.”
En la práctica, el ombudsman de las redes actuaría de manera preventiva ante una denuncia. Bloqueo, suspensión y pedido de actuación de un juez. El trámite sería gratuito y sin necesidad de una representación legal. Así lo explica el diputado Brügge:
Las principales críticas están centradas en lo amplio de la norma, posibles problemas de jurisdicción y la necesidad de coordinar un criterio a nivel regional y siendo más ambiciosos a nivel mundial. Sobre todo si tomamos en cuenta que la principal característica de las redes sociales es su nivel global. El diputado Brügge, consciente de los límites territoriales ya ha comenzado a reunirse con representantes de otros países latinoamericanos.
Actualmente sólo existe una norma que tiene media sanción del Senado y anticipa una fuerte discusión en Diputados. Se trata de la “Responsabilidad de los Proveedores de servicios de Internet” considerando proveedores a todos aquellos que ponen a disposición de terceros, servicios, aplicaciones o recursos tecnológicos que permiten el aprovechamiento de las redes que componen Internet, contenidos, servicios y aplicaciones. Según el cuarto artículo de la ley “no serán responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando, habiendo sido notificado por orden judicial, omitan dar cumplimiento".
Hasta hace un tiempo, los estados no se habían preocupado por el control del contenido de las redes sociales. Sin embargo, el bochorno durante la campaña presidencial en Estados Unidos obligó a gigantes como Facebook y Google a cubrirse las espaldas ofreciendo nuevas herramientas para detectar la falsa información. Sin embargo, sólo se trata de protocolos, es decir sugerencias para el usuario. Aquel que siga generando noticias falsas seguirá impune hasta que exista una legislación que lo castigue.
