Martín Llaryora cuenta desde el arranque mismo de su gestión como intendente de la ciudad de Córdoba con una delegación de facultades de escasos antecedentes en la historia reciente.
Le han sido concedidos “superpoderes” al jefe municipal, que puede hacer y deshacer en los más variados ámbitos de la administración de la ciudad.
Pero esos “superpoderes” o facultades delegadas en nombre de la emergencia no son otra cosas que herramientas y, ya sabemos, que las herramientas no se definen en sí mismas sino por su uso.
Es decir, los cordobeses capitalinos deberán esperar ahora la utilización que haga el intendente de esas facultades extraordinarias para ver si vuelven o no a tener un gobernante municipal que resuelva los graves y acuciantes problemas que tiene esta urbe.
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Lo hemos visto en los comics y en las series, el empleo de los superpoderes es lo que define al protagonista de la serie.
Lo cierto es que Llaryora enfrenta el desafío de sumarse al lote de intendentes que fracasaron, y con ellos la ciudad, en la últimas dos décadas o anotarse como los que lograron revertir la tendencia.
Sin tregua
La tregua gremial que gozó fue relativamente breve. Desde la semana pasada, los tres sindicatos que agrupa la Municipalidad de Córdoba, Suoem, UTA y Surrbac, mostraron los dientes y comenzaron esa tenida que tienen con cada intendente para ver quién tiene más poder.
Llaryora y sus funcionarios, algunos de los cuales se mostraron hoy muy desconcertados ante el conflicto que dejó a la ciudad tapada de basura, podrán argüir que recién comienzan, que necesitan tiempo, que no se los puede evaluar a menos de dos meses del inicio del mandato.
El argumento tiene lógica. Pero si eligen quedarse en el conocido camino de que no pueden ante las presiones gremiales corren el riesgo de repetir historias conocidas.
Los ciudadanos eligen intendente para que logre destrabar esas trabas y no para que se asocien a ellas, como hemos visto en anteriores gestiones.
Silencio
El tema de la basura viene sin solución de fondo de hace muchísimos años en Córdoba.
El convenio que rige, convalidado en el último tramo de la gestión de Ramón Mestre, es caro e ineficiente. Impone sistemas de recolección del siglo pasado a costos muy altos.
Sus actores están siendo objeto de investigación judicial. En causas separadas, la Justicia Federal ha imputado por asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos a los directivos del Surrbac y de la empresa Cotreco, que fue prestataria del servicio.
El viernes, planteábamos aquí que el silencio de los actuales funcionarios sobre ese convenio hace ruido. Que hay polémica con la anterior gestión en varios aspectos y no en cuestiones de fondo como la de la higiene urbana.
Mientras tanto, y por la razón que sea, la ciudad vuelve a mostrar una postal desagradable.