Por la inconclusa y más que demorada autopista de la ruta 19, hay que recorrer 400 kilómetros para llegar de Córdoba a Paraná. Pero vamos a intentar medir otra distancia entre la capital de nuestra provincia y la de Entre Ríos.
Entre Ríos fue noticia en la semana que pasó por la condena por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, que era hasta el momento de la sentencia embajador de Argentina ante Israel.
Pongamos primera y veamos si están lejos o cerca Córdoba de Entre Ríos.
Urribarri acumuló una serie de denuncias en sus dos mandatos como gobernador entrerriano (2007-2011/2011-2015), cinco de las cuales se terminaron agrupando por las coincidencias en el juicio que se le hizo.
Fue clave la acción de la fiscal Cecilia Goyeneche, de la cual ya nos vamos a ocupar.
Al caer la tarde del jueves pasado, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.
Pero veamos qué tenían esas cinco causas para ver si hay o no similitudes con lo que pasa en otras latitudes y por estos pagos.
- Fondos públicos para promoción personal. El primer denominador común es que Urribarri se valía de las acciones de difusión y promoción del Estado provincial para instalar su figura con vistas a futuras candidaturas. O sea, mostraba un poco de lo que hacía el gobierno de Entre Ríos y mucho de su nombre, cara y consignas partidarias.
- Montaje de empresas. El segundo paso era crear empresas de conocidos, familiares, allegados para que fuesen las beneficiadas con los contratos públicos.
- Cartelización. Para ello, esas empresas –que estaban ligadas por sus vínculos con el gobernador– se ponían de acuerdo para repartirse esas contrataciones.
- Coimas. No conforme con los tres pasos previos fuera de la ley, en algunos contratos se sobrefacturaba o se incluían “retornos” para los que titulares de las empresas y los funcionarios involucrados se quedaran con más dinero del que le correspondía.
Ya estamos alcanzando velocidad crucero en plena ruta.
El primero de los hechos se ha generalizado tanto que lo hemos tomado como natural, cuando no lo es. No sólo es un delito sino también una grave alteración democrática porque rompe el principio de igualdad de los que deben competir por un determinado cargo. El que gobierna usa recursos públicos para quedarse en el poder. Se ve en muchos lados y en Córdoba se consigue sin buscar demasiado.
La segunda acción se ha extendido mucho en los últimos años. Es como una fase más avanzada de la corrupción. Ya no se negocia un soborno con la empresa que es contratista del Estado sino que se monta una empresa a nombre de testaferros para quedarse con esas contratación. A nivel nacional, el juicio por la obra pública en Santa Cruz que tiene a Cristina Fernández y Lázaro Baéz como principales acusados responde a esa matriz. En Córdoba, hubo algunas presentaciones judiciales en tal sentido.
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El tercer elemento de la cartelización parece ser tan viejo como las licitaciones del Estado. Tanto que empresas y funcionarios es como que ya lo toman como natural en varios lados y por acá también.
El último elemento suele ser el más complejo de probar aunque sea una especie de secretos a voces en buena parte de los negocios de cierto volumen que hace el Estado.
En Córdoba no se consigue
Y cuando llegamos a este punto de llegar hasta las pruebas es cuando conviene hacer un alto en el camino para detenernos en la figura de la fiscal Goyeneche.
Es la fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos y llevó adelante un complejo trabajo para instruir estas cinco causas que llevaron a Urribarri a la condena.
Pero apenas pidió la elevación a juicio, la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento que responde al gobernador Gustavo Bordet (sucesor de Urribarri y también del PJ) suspendió a la fiscal y la apartó.
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La sanción del poder al que investiga al poder es un tema que nos trae a Córdoba con todo lo recorrido del camino. Acá casi no hay sanciones a fiscales porque son tan disciplinados que jamás se les ocurriría avanzar con una denuncia por corrupción.
Existe un fuero Anticorrupción en la Justicia de Córdoba hace 18 años, que se ha caracterizado por el archivo, cajoneo o cierre inmediato de cuanta presentación se efectúe contra funcionarios de cierto rango.
Hay, fuera del fuero Anticorrupción, algunos fiscales que se animan a investigar algunos delitos complejos pero siempre teniendo claro el límite de no avanzar con personajes en los puestos clave del poder.
Es tal vez ahí donde radica la distancia de Córdoba de Entre Ríos y no en las características de los hechos que terminaron con la condena de un exgobernador.
