El consumo de drogas legales e ilegales es un flagelo que se extiende en Argentina como una mancha de aceite y cada vez a más temprana edad.
La polémica desatada por el reparto de folletos a adolescentes y jóvenes que hizo el municipio de Morón diciendo "si vas a consumir cocaína, pastillas o marihuana, seguí estos consejos" puso al descubierto que ante una realidad que desborda a la sociedad el Estado buscó el mal menor.
"Como consumís, te cuido para reducir los riesgos y controlar los daños que generan las sustancias psicoactivas". Estos son los fundamentos de una ordenanza sancionada por unanimidad en el municipio del partido bonaerense en el 2021.
Lo cierto es que hasta que las redes expusieron las críticas y se desató la polémica casi nadie sabía de la existencia de estas políticas de acceso y suministro de información para quienes ya cayeron en el infierno de la droga.
Entre la viralización y la instalación del debate solo hubo un paso.
Están los que interpretan que constituye una apología, una incitación para que los que aún no lo hicieron ingresen a ese mundo. Y los que sostienen que este análisis atrasa porque se trata de una política de reducción de daños.
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Esa política se implementó en varios países europeos en los años 80. Eso sí: enmarcada en una política integral de prevención y que tuvo dispares resultados.
Si algo quedó claro es que no todos aceptan que haya políticas públicas para que quienes decidieron drogarse sepan qué y cómo consumir para no perder su vida de a poco o por sobredosis. A esto hay que sumarle los accidentes que causan muchas veces por minimizar los riesgos de consumir sustancias psicoactivas que no tienen ningún control al no estar legalizado el consumo, como pasó meses atrás en Argentina.
Entonces, el problema de fondo no se resuelve con decirles "tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo". Las acciones de contención requieren mayor presupuesto para crear más institutos con personal especializado. Los que existen están desbordados.
El alto costo de los tratamientos privados lleva a muchas familias a resignarse o esperar el peor final porque no pueden pagarlos.
Mientras el Estado decide asistir al que ya es consumidor, se necesita que los gobiernos de todos los niveles de manera urgente trabajen fuertemente en políticas de prevención. Se necesitan más charlas en los colegios, en clubes, en plazas advirtiendo que la droga mata, que quema el cerebro porque no hay drogas buenas, que es un camino de ida que deja a familias destrozadas para siempre.
La familia por sí sola no puede si no tiene un Estado que la acompañe. La gran pregunta es cuántos dirigentes políticos están dispuestos a empezar por la cabeza y no por los pies.
El narcotráfico tiene estrechos vínculos con sectores del poder político, judicial, policial. Es la fuente de financiamiento que termina de manera ficticia resolviéndole a la gente los problemas que el Estado no le puede resolver a una sociedad cada vez más empobrecida y con una profunda crisis de valores.
Claramente esto nadie lo va a poner en folletos y mucho menos se los van a repartir a la gente.