En los ‘90, años de menemismo nacional y duhaldismo en provincia de Buenos Aires, se acuñó una expresión para referirse a la fuerza policial del principal distrito argentino: Maldita Bonaerense.
La sucesión de delitos graves cometidos por sus efectivos y jerárquicos, la connivencia con bandas del crimen organizado, los oscuros lazos con el poder político y judicial le valieron aquel calificativo.
Córdoba se ve sacudida casi todos los días por hechos graves que involucran a su fuerza de seguridad, que van desde homicidios a jóvenes inocentes hasta la participación de altos jefes en bandas delictivas.
Los crímenes de Blas Correas y Joaquín Paredes constituyen la parte más horrorosa y de mayor repercusión de una larga cadena de episodios muy compleja, que empaña el accionar de muchísimos efectivos honestos pero que revela problemas estructurales muy profundos, relacionados con la selección, formación y evaluación de los policías cordobeses.
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Y en ese punto el gobierno de Juan Schiaretti no tiene a quién echarle la culpa. 21 años en el poder ejercidos de manera ininterrumpida lo hacen responsable de la selección, formación y evaluación desde un simple agente hasta el comisario de mayor alto rango.
Sin casi expresiones públicas sobre la cuestión, el Gobierno provincial mandó mensajes estos días a través de sus voceros oficiosos para presentar al gobernador y los suyos como víctimas y no como responsables de la situación de la Policía de Córdoba.
Y es al revés. Schiaretti es responsable, no víctima.
De hecho, el gobernador hace semanas que está buscando cómo cambiar la cúpula policial, sacudida por el gatillo fácil, las tramas de encubrimiento, la tenencia de armas robadas, la participación de jefes departamentales en el robo de autopartes, por citar sólo algunos casos. Y no encontraba nada a mano.
Los formadores
El cambio de conducción es cosmético. Un simple dato lo abona: la nueva jefa, Liliana Zárate Belletti, y el subjefe, Ariel Lecler, estuvieron en las áreas de Recursos Humanos y Formación Profesional hasta ahora. Es decir, eran los responsables de la preparación y evaluación de todos esos policías mal preparados que generaron el cambio.
Los que conocen bien la fuerza destacan que no le será sencillo cambiar la imagen y el accionar.
Hay cada vez menos efectivos en la calle y cada vez en tareas no operativas o fuera de actividad. Se estima que alrededor del 30 por ciento de los uniformados no tienen funciones operativas.
Hay cada vez más policías que no residen en los lugares donde cumplen funciones. En la ciudad de Córdoba, muchos agentes –aún en la pandemia y sin transporte público interurbano– van y vienen un par de veces por semana a localidades del norte en las que habitan.
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Los problemas de adicciones preocupan cada vez más y es poco y nada lo que se ha hecho al respecto.
La cantidad de uniformados con carpeta médica y con denuncias de violencia doméstica sigue en ascenso.
La situación financiera es otro elemento que agrava la situación. Cada vez que se analiza la posibilidad de un ascenso, cuando se revisan los niveles de endeudamiento del propuesto saltan todas las alarmas.
Hay serios problemas con la infraestructura también. Se calcula que un 40 por ciento de los móviles policiales está dañado o sin poder usarse.
Parece claro que el problema es complejo, estructural, profundo. Y que con maquillaje no alcanza.