Dos “proscripciones” desmienten la teoría según la cual en América Latina sólo se aplica “lawfare contra los líderes de izquierda” para sacarlos de las carreras electorales.
Las inhabilitaciones del ultraderechista ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y de la disidente conservadora venezolana María Corina Machado, son casos diferentes entre sí pero ambos tienen en común probar que el relato que hacen líderes del populismo de corte izquierdista, como la vicepresidente argentina Cristina Kirchner y el ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dando una interpretación ideológica y una escala latinoamericana a los procesos judiciales contra gobernantes y ex gobernantes, no se ajusta a la realidad que muestra la región.
De hecho, en el mismo puñado de días que fue inhabilitado Bolsonaro, la justicia envió a prisión al ex presidente Fernando Collor de Mello por un caso de corrupción del gobierno bolsonarista.
Collor de Mello, que formó parte del oficialismo en el gobierno del líder ultraderechista, cuando ocupó la presidencia, en la década del noventa, impulsó un modelo libremercadista similar al que aplicó en el gobierno anterior el ministro de Hacienda Paulo Guedes, un exponente de la “escuela de Chicago”.
Por cierto, antes de las inhabilitaciones de Bolsonaro y Machado hubo muchos casos de presidentes y dirigentes de derecha que fueron juzgados, sacados del poder y encarcelados por corrupción. Pero el relato “victimizador” del populismo de izquierda no incluyó ninguno de esos casos en su lectura sobre el lawfare en Latinoamérica.
En ese relato, el instrumento de la “guerra judicial” sólo es utilizadao por las clases dominantes y sus corporaciones para destruir proyectos progresistas, persiguiendo y encarcelando a sus impulsores.
El mismo relato de victimización, pero invirtiendo los términos ideológicos de la persecución, hacen los gobernantes derechistas que acumulan causas judiciales.
Si bien Bolsonaro seguirá repitiendo que es un perseguido político y que el tribunal electoral que lo inhabilitó por ocho años para ocupar cargos públicos fue el instrumento del lawfare que la izquierda lanzó contra él, el fallo que le impide volver a candidatearse hasta el 2031 resulta a todas luces justificable. Y es posible que se sumen otros fallos que amplíen el tiempo de inhabilitación o, incluso, que lo lleven a la cárcel.
Todo Brasil pudo escuchar la grabación de lo que había dicho el entonces presidente en una reunión que él organizó con los embajadores de todos los países que tienen representación diplomática en Brasilia, en la antesala de los comicios presidenciales del 2022. En ese encuentro, Bolsonaro aseguró que se perpetraría un fraude en su contra y que el próximo gobierno sería ilegítimo.
Escuchar o releer el mensaje del entonces presidente brasileño al mundo a través de los embajadores extranjeros, muestra claramente la voluntad y el deseo de “incitar a la inseguridad, la desconfianza y la conspiración”, como expresó Benedicto Goncálvez, el juez instructor del caso.
Igual que las corruptelas de otros ex mandatarios con problemas judiciales, los problemas que alejan a Bolsonaro del Palacio del Planalto y lo acercan a una celda, devienen de los estropicios que cometió ante los ojos del país entero.
El líder ultraderechista quiso estar en condiciones de destruir el proceso electoral si él resultaba perdedor y, después de su derrota, el mundo enteró vio las hordas bolsonaristas invadir y arrasar los edificios de los tres poderes en Brasilia, acontecimiento que no pudo ocurrir sin su instigación o consentimiento y que no puede interpretarse de otro modo que como una asonada golpista.
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Para descubrir las embestidas de Bolsonaro contra la institucionalidad, los fiscales y jueces no necesitan investigar mucho, porque en muchos de sus discursos públicos el entonces presidente instaba a los militares a cerrar el Congreso y el Poder Judicial.
El caso de María Corina Machado es diferente. Sobran razones para sospechar que la inhabilitación a la dirigente conservadora es una proscripción encubierta que perpetra el régimen autoritario que encabeza Nicolás Maduro.
Machado es una disidente de la primera hora. Enfrentó al mismísimo Hugo Chávez junto con figuras de la disidencia como Henrique Capriles, Antonio Ledesma y Leopoldo López. Igual que esos dirigentes, fracasó en organizar un frente único para vencer a la dictadura residual chavista. Pero el fracaso de Juan Guaidó en su confrontación con Maduro, hizo que la sociedad buscara entre las figuras de la disidencia y las encuestas muestran que la figura preferida para competir contra el régimen en las urnas es María Corina Machado.
Precisamente la popularidad que le asignan las encuestas sería la verdadera razón por la que la Contraloría General de la República aplicó una inhabilitación para ocupar cargos públicos por quince años.
Por cierto, los gobernantes, ex gobernantes y dirigentes del populismo de izquierda que se solidarizan entre ellos por las causas judiciales que acumulan, no se han solidarizado ni lo harán con la líder del partido Vente Venezuela. Ninguno mencionó siquiera el caso de María Corina Machado.
