La confirmación de los primeros casos de la variante Delta en Córdoba fue la excusa para que un conocido periodista K desplegara un brutal discurso de odio. El jefe de investigaciones de Radio Nacional, Juan Alonso dijo, entre otros agravios, que Córdoba es una "provincia de mierda con gente de mierda".
En una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, también menciona a "Córdoba, ese país aparte. Tuvo a Juan Filloy y a estos mamertos de quinta napa fascistas natos". No precisa quiénes serían según su opinión esos "mamertos de quinta napa fascistas natos", pero puede inferirse que percibe así al electorado que mayoritariamente le es adverso al kirchnerismo, o al gobierno provincial del justicialismo cordobés que, desde la crisis con el campo en 2008, se esfuerza por evitar el alineamiento con la corriente que responde al liderazgo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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A Alonso hay que agradecerle la transparencia. Esa visión sobre Córdoba no es una excepción entre el funcionariado cristinista, incluso entre dirigentes cordobeses. Y se traduce en una sucesión de políticas que discriminan a Córdoba, como el bloqueo aéreo, el nuevo régimen de biocombustibles, o el esquema de distribución de subsidios al transporte. Cabe reconocer que en este cuarto gobierno K el sesgo anti Córdoba en las medidas del gobierno nacional está contenido, atenuado, muy lejos de la situación de asfixia financiera combinada con acciones de desestabilización permanentes que caracterizó al período 2011-2015.
El caso del "jefe de investigaciones de Radio Nacional", que terminó pidiendo disculpas pero a la vez se declaró víctima de una inverosímil venganza, podría servir para reinstalar el debate sobre los medios públicos, el sentido de su permanencia. ¿Qué necesidad hay de gastar millones del exhausto presupuesto en radios y canales estatales? ¿Cuál es el servicio a la comunidad que son capaces de brindar en esas dependencias en las que ocupan puestos jerárquicos activistas fanáticos como el autor de los tuits absurdos e insultantes? Y una pregunta más urgente: ¿Seguirá el Estado solventando a un funcionario así?
