En el “caso Oscar González” se concentra todo lo que está mal. Involucra a los poderes judiciales, legislativo y ejecutivo. Refleja toda la cadena de privilegios de los que goza la casta política y que, al menos hasta ahora, estaban escondidos de la mirada pública.
1. Manejaba un auto no propio, sino cedido por el Tribunal Superior de Justicia. Pese a que la dieta de los legisladores ronda los 400 mil pesos en mano, González tenía a su disposición un auto gratis. Además, tenía un monto asignado de 65 mil pesos al mes para combustibles.
2. El auto asignado no era cualquier auto, sino un BMW X1 que ronda los 80 mil dólares. Fue la seguridad que ofrece ese auto la que, según los expertos, le termina salvando la vida. Chocó de frente un Sandero y murió Alejandra Bengoa, de 56 años. Su hija y una amiga de su hija, de 14 años, están muy graves.
3. El BMW X1-251 le fue asignado porque así lo dispone la ley provincial 8550: los autos secuestrados en causas penales son asignados al Tribunal Superior de Justicia, quien los entrega en depósito a organismos públicos o entidades de bien público para el cumplimiento de sus funciones. No dice la ley que es obligatorio darle un cupo a la Legislatura, pero así pasa. Hay nueve asignados.
4. De los nueve asignados, Oscar González tenía a su nombre cuatro, ninguno Corsa o Sandero: una Volkswagen Amarok, una camioneta Land Rover Freelander, un Audi A5 y el BMW del siniestro. Los otros los había entregado González: Dardo Iturria y Miguel Majul de Hacemos por Córdoba; el radical Juan Jure; el titular de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh y el legislador del PRO Darío Capitani. Obvio que todos salieron a jurar que los usan para trabajar, cuando el resto de los mortales para ir a trabajar camina, va en moto, colectivo o bici o se paga su auto particular. El espíritu de cuerpo está intacto.
5. El auto asignado tenía una patente trucha. Oscar González lo sabía, la Justicia lo sabía y el argumento es que la ley indica que hay que conservar el auto en las condiciones en las que fue recibido. Ergo, tanto la Justicia como el legislador admiten que se use un vehículo que comete una infracción garrafal como ese circular con una patente melliza, siendo éste auto el ilegal.
6. El dominio original está ahora en la provincia de Buenos Aires y sus dueños, el presente y los anteriores, se cansaron de que les llegaran multas de tránsito a quien las cometía con la patente trucha. Oscar González sabía de esta situación y no se preocupaba entonces de la seguidilla de multas que le hicieron a su auto, porque no le llegaban a él. En el 2021, por caso, tiene 17, la mayoría por mal estacionamiento en la ciudad de Córdoba.
7. Esa conducta desaprensiva tiene un límite cuando actúa la Policía Caminera porque la Caminera multa al conductor, no al auto y, con cada multa, el infractor pierde puntos y puede quedar inhabilitado para manejar. Y eso ocurría con González: el certificado del Repat, el organismo que recopila los antecedentes de tránsito en la provincia, dice textualmente que “el conductor no cumple los requerimientos para obtener una licencia de conducir”. ¿Y por qué no los cumple? Tiene dos multas del 12 de diciembre, una por sobrepaso en línea amarilla y la otra por no tener licencia válida. Cuando lo detienen por la primera infracción, le piden el carnet y estaba vencido. El 2 de diciembre de ese año tiene una infracción por exceso de velocidad tipo 1. Este año tiene dos infracciones: una del 17 de junio por ir en la ruta 60 a 178 km en la zona de Quilino, por la que le quitan 10 puntos y otra del 19 de julio por ir en la autopista a la altura de Bell Ville a 160, por la que pierde 4 puntos. No dice el sistema los puntos remanentes, si los recuperó con algún curso en alguna oportunidad, pero sin dudas concluye que está inhabilitado para manejar.
8. ¿Y cómo manejaba? Porque sacó un carnet en Las Tapias, una comuna de Traslasierra cuya jefa Lucy Díaz ha declarado públicamente en más de una ocasión la amistad con González. Lucy Díaz que le dio el carnet sin consultar sus antecedentes en el Repat. Lo grave es que no se lo dio sólo a González (seguramente no le solicitó los estudios médicos que deben presentar todos los años los mayores de 70 años), sino que en redes se promociona como una comuna que otorga la licencia de conducir “sin tener domicilio en Las Tapias”, un requisito que sí cumple el resto de los ciudadanos porque la ley provincial así nos obliga.
9. González se sentía particularmente excluido de la ley de tránsito provincial que manda a sacar la licencia en el lugar de residencia (ley sancionada por su propio Gobierno) al punto que en 2013 lo tramitó en La Calera, siendo que jamás tuvo domicilio en La Calera. Lo hizo el 24 de mayo de 2013 y se lo dieron hasta el 24 de mayo de 2015. Lo vuelve a tramitar en San Javier el 3 de marzo del 2016. Estuvo 10 meses sin licencia, presumiblemente esperando recuperar puntos. Difícil pensar que no manejó en ese período.
10. Ni la Policía Caminera ni el Ministerio de Seguridad (ahora con Justicia) actuaron nunca en contra de Las Tapias para impedir que Oscar González y otros similares obtengan su licencia pese a estar inhabilitados por una trayectoria vial inaceptable. Era intocable, porque así se concibe a sí misma la casta.
