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La perversidad de llevar el dolor donde habita el olvido

Las reacciones del presidente y el gobernador antes casos como los de Solange o Blas muestran el peor rostro del poder. Cómo es la operación para llevar el caso Blas al fuero más funcional al poder.

Roberto Battaglino
Por Roberto Battaglino
06 de septiembre 2020, 11:40hs
Blas Correas y Soledad Laciar, su mamá, nuevas víctimas de la perversidad del poder.
Blas Correas y Soledad Laciar, su mamá, nuevas víctimas de la perversidad del poder.

El poder está mostrando su cara más perversa. Algunos gestos y ciertas operaciones en marcha muestran a gobernantes que no se conmueven ni ante la más lacerante desgracia humana y endurecen su caparazón sólo pensando en su supervivencia política.

En ese sentido deben inscribirse las ofensivas expresiones del presidente Alberto Fernández hacia la familia de Solange Musse, al decir que no conocía un caso del que no sólo habló todo el país sino que él mismo firmó un decreto cambiando los criterios para que los seres queridos puedan acompañar a los suyos en horas finales, texto legal surgido de aquel viaje macabro y frustrado de Pablo Musse desde Neuquén hacia Alta Gracia.

También en esta línea se anota una compleja operación política-judicial montada por el Gobierno cordobés que busca llevar la investigación por el asesinato de Valentino Blas Correas al más complaciente y sumiso de los fueros de la complaciente y sumisa Justicia provincial, el fuero Penal, Económico y Anticorrupción.

Ya la gestión de Juan Schiaretti está moviendo las piezas para llevar el caso más complejo con el que debe lidiar hacia el fuero donde habita el olvido, como dice Joaquín Sabina.

Y no es que el resto de las fiscalías puedan comprometer demasiado al poder con su independencia y agallas, sino que se busca tener la mayor cantidad de resguardos posibles.

Complicidad político-policial-judicial

¿Cómo es la operación político-judicial en marcha? El fiscal del caso, José Mana, está cada vez más incómodo con la causa y ya le ha hecho saber a varios que es posible que deje el expediente.

Ello es porque aparecería en escena un abogado, de oscuras ligazones con sectores marginales de la política, que tiene una enemistad manifiesta con Mana, lo que forzaría su apartamiento.

Mientras eso ocurre, la Fiscalía General, que está acéfala hace un año y medio y manejada por dos punteros peronistas, ya ha tomado algunas decisiones para llevar el caso hacia el fuero más protector del poder, el Anticorrupción.

Es que los militantes José Gómez Demmel y Héctor David han mandado en las últimas semanas hacia Anticorrupción las causas que se desprendieron del fallo del tiroteo en Nueva Córdoba y que involucran a policías y exfuncionarios de Seguridad, como el actual legislador Diego Hak. 

Es que la Cámara 8ª del Crimen pidió que se investiguen la desaparición de armas, la contaminación de la escena del crimen, la intromisión de funcionarios, las lesiones a los cadáveres, entre otras cuestiones.

Todas estas cuestiones, relacionadas con el montaje de una complicidad político-policial, van al fuero donde habita el olvido.

Lo expuesto parece allanar el camino para que el caso Blas pueda transitar esa senda. En ese caso, está en juego justamente una trama de encubrimientos y complicidades políticas-policiales, que es necesario remarcarlo una vez más no empezaron con el disparo fatal en la avenida Vélez Sársfield.

La trama se inicia con el ingreso de efectivos sin preparación, con oficiales que salen a la calle con armas para plantar y simular tiroteos, con el agente que disparó que fue reincorporado –aparentemente por recomendación de un importante dirigente del PJ– pese a tener una causa elevada a juicio por encubrir a un violador.

Sin respuestas

La familia de Blas conoce al detalle cada uno de estos movimientos. Y desconfía de todo, hasta de sus propios abogados.

Es que ha visto en la cara la perversión del poder. Soledad Laciar, mamá de Blas, fue muy clara la semana pasada en Telenoche: “Schiaretti no puede mirarme a la cara porque no tiene qué decirme”.

Fue la serena respuesta hacia la operación, montada por el gobierno y los voceros que tiene fuera y dentro de la estructura oficial, para hacerlo aparecer a Schiaretti como esperando el momento oportuno para una reunión con la familia. Lo intentan mostrar al gobernador como una víctima de lo que ocurrió y no como el responsable de una Policía que tiene a cargo desde hace décadas.

Y la familia, que ha perdido lo más importante, no quiere una reunión, quiere Justicia. Y que no pase nunca más.

Como lo quieren los padres de Solange.

Y los gobernantes saben lidiar con otros factores de poder pero quedan desnudos ante la más desgarradora de las tragedias humanas, ante un papá o una mamá desesperados. Y sacan así su rostro más perverso.

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