Hay que agradecerle a Ruben Daniele la franqueza. Cuando se trata de anunciar los objetivos de la organización que encabeza desde hace casi cuatro décadas, es transparente. Al arengar a los activistas del gremio del numeroso plantel municipal, llamó a sostener la actual protesta salarial “hasta que los contribuyentes, los comerciantes, los otros laburantes estén hartos, se hayan hartado de putearnos…”.
Antecedentes de declaraciones intimidatorias, explícitamente hostiles hacia los vecinos, del líder del gremio de los municipales de Córdoba hay a montones. A lo largo de los años ya amenazó con inminentes quilombos, escarmientos, molestias y obstrucciones de todo tipo dirigidas tanto a las diferentes administraciones como a la sociedad en general. Es más, hace poco más de una década llegó a vaticinar que las acciones de protesta que estaban por venir serían tan virulentas que, según el propio Daniele, llevarían a la necesidad de ampliar las cárceles para alojar a los activistas de su gremio. Por estos dichos zafó de una condena judicial accediendo a una suspensión del juicio a prueba, por lo que durante algunos meses tuvo que cumplir con una rutina de tareas comunitarias.
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Por lo tanto, el discurso belicoso de Daniele está lejos de ser novedoso. Tampoco son situaciones desconocidas para los vecinos de Córdoba que el sindicato de los municipales ejecute una suerte de paro permanente no declarado. Lo que sí constituye una novedad es esas protestas no asfixien financieramente al Municipio y que pese a todo se mantenga una relativamente baja incidencia del rubro sueldos en el total del gasto municipal. Una serie de acciones de la administración Llaryora instrumentadas en tiempos de cuarentena dura, en el primer semestre de 2020, excluyó al Suoem del control de la recaudación y recortó los sueldos de los municipales con efectos duraderos, más allá de las actualizaciones que vinieron después.
En agosto pasado los empleados de la Municipalidad ganaron, en promedio, 300 mil pesos mensuales en bruto, un salario que, aunque sigue estando muy por encima del de la mayoría de los trabajadores, pierde terreno en la comparación con lo que perciben hoy otros gremios del sector público a los que en el plantel municipal históricamente aventajó.
El Suoem puede “hartar” a los vecinos por el escaso riesgo que asume a la hora de lanzar sus protestas brutales. Como en cualquier rincón del sector público argentino, sus puestos están garantizados a perpetuidad. Y para sus activistas, el costo económico de no prestar servicios casi siempre ha sido nulo. Sus presuntas virtudes para el reclamo salarial no son tales.
En realidad la clave del reinado del Suoem y de la degradación de los servicios municipales ha estado en la debilidad de las sucesivas administraciones municipales, una situación que, no sin dificultades y contratiempos, parece haber cambiado hace poco más de dos años. Para que ese cambio se consolide e incluso profundice sería fundamental que el conjunto de la dirigencia política de la ciudad, incluida la oposición, quienes han gobernado la municipalidad y quienes aspiran a hacerlo, se pronuncien con claridad en contra del objetivo del Suoem de retomar una porción mayor del presupuesto municipal y de sus prácticas violentas para lograrlo.
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El silencio de muchos dirigentes en torno a este conflicto o directamente su negativa a condenar al Suoem son reveladores. En ese aval tácito al Suoem, en la falta de un compromiso público básico en este tema fundamental se centra la fortaleza de una corporación que por décadas se adueñó de los recursos de la ciudad y que ahora intenta recapturarlos, con sus métodos habituales.
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